El tsunami que está padeciendo el mercado eléctrico español, además de la afección a la economía familiar, que no es poca cosa, tiene otra víctima principal, y son las grandes empresas. Las oscilaciones del mercado y el recargo a las centrales de generación de electricidad de los costes de gas que no soportan mediante el gravamen de los beneficios extraordinarios han llevado a las comercializadoras a denunciar los contratos con las empresas consumidoras finales y a repercutirles los nuevos costes, lo que en algunos casos puede llevar a triplicar sus gastos de producción, en especial en las grandes consumidoras. En las páginas de apertura de este periódico recogemos hoy algunos de los casos, como el de Verescence, que ha visto cómo el contrato firmado en junio con su proveedor ha sido denunciado nueve años y ocho meses antes de su finalización. La situación de inseguridad económica y el presumible nuevo coste –que puede triplicar el fijo anterior- puede tener una repercusión fatal en el desarrollo del negocio. No podrán repercutir estas empresas el cambio de escenario al cliente internacional, que no entendería que lo que pasa en Europa le afecte a sus precios, por lo que se verán obligadas a compensar el nuevo e inesperado coste con la reducción de otros, y en estos casos los perjudicados suelen ser siempre los trabajadores.
Es difícilmente explicable la inoperancia, precipitación y falta de previsión que ha tenido la vicepresidenta del Gobierno, encargada de Transición Ecológica, en la gestión de la crisis eléctrica. La ausencia de cintura política ha ido unida a una falta de previsión y a una improvisación motivadas por el deseo –algo que se está convirtiendo en una costumbre- de ofrecer a la opinión pública cualquier solución aunque maquille la realidad. El precio sigue subiendo, y es que las generadoras de energía renovable han preferido reducir o anular en algunos casos su producción por el estoconazo que supone la nueva regulación a los beneficios extraordinarios, con lo que, en ridícula paradoja, el peso de los combustibles fósiles sube en la distribución del pool, y con ello su repercusión en el medio ambiente.
«No debe obviarse el esfuerzo que también tendrían que realizar las empresas eléctricas»
Las negociaciones que el Gobierno tendría que haber mantenido con las eléctricas desde el primer momento, se han hecho esperar, y es ahora, con la nueva normativa en forma de decreto de ley ya ratificado por el Congreso, cuando la vicepresidenta ha comenzado las conversaciones para que el aumento de los costes de la energía no repercuta en el tejido industrial mediante la minoración de las cargas fiscales a aquellas eléctricas que ofrezcan un “precio razonable”. Mientras tanto, y en vez de superar la transitoriedad y temporalidad de las medidas adoptadas, con una solución a largo plazo, la mencionada vicepresidenta ha querido, por enésima vez, culpar a la Comisión Europea por no aceptar su reforma del sistema energético comunitario. Un afamado periódico económico internacional reprochaba al Gobierno español su reiterado intento de descargar responsabilidades en las autoridades europeas en vez de asumir su propia inoperancia en la cuestión.
Pero por más que insistamos en las responsabilidades del Ejecutivo nacional, no debe obviarse el esfuerzo que también tendrían que realizar las empresas eléctricas para contribuir a que no se sean los grandes consumidores los paganos del desastre eléctrico. Aunque la normativa lo permita con determinadas condiciones, la denuncia de los llamados PPA (Power Purchase Agreement), o contratos de precios fijos de largo plazo, supone un perjuicio para aquellos que han programado la actividad fabril y el precio de sus productos a partir de la evaluación de uno de sus mayores costes. El efecto dominó que pudiera suponer no resolver este problema puede concluir con consumidores particulares con una tarifa eléctrica que, temporalmente, no sea tan cara, pero sin trabajo y en paro.
