Es difícil encontrar una reacción independentista a los sucesos de la semana pasada en Cataluña sin que el amago de condena de los mismos no venga asociado a un reproche a las fuerzas del orden, por sus presuntos excesos.
Discurso fariseo donde los haya. Olvida el salvajismo de quienes «aprietan» a petición del mismísimo presidente de la Generalitat. Y olvida también que el llamamiento de Torra y otros se hace en nombre de una causa perdida, hueca, irreal y penalizada por los tribunales de justicia.
Ese apadrinamiento previo del caos entre quienes desencadenaron el llamado «procés» (desafío al Estado que ha merecido condena por «sedición» de sus principales promotores) justifica el portazo de Moncloa al inesperado buenismo de aquellos.
El propio discurso narcisista y totalizante de los «indepes» pone en bandeja a Pedro Sánchez los pretextos para no responder a las llamadas telefónicas de Quim Torra y para reducir el llamado conflicto catalán a un problema de orden público. Pretende Torra sentar al presidente del Gobierno en una mesa negociadora. Y Sánchez dice que no lo hará mientras el president no condene de manera firme y nítida la violencia de estos días en las ciudades catalanes.
Aunque lo hiciera. No es el mejor momento para dialogar sobre el fondo político de la cuestión. Primero porque el Gobierno está en funciones y la interinidad no crea el marco adecuado. Y segundo, porque no hay señales de que la pretensión de Torra haya alterado el cansino discurso que consiste en dialogar sobre cómo gestionar la claudicación del Estado.
No hay diálogo que valga por parte del Gobierno de la nación mientras que la otra parte siga planteando objetivos claramente anticonstitucionales. Por eso resulta irritante que las fuerzas de aversión constitucional, como las del soberanismo catalán o vasco, o las de ambigua adhesión, como Unidas Podemos, se pasen la vida proclamando el valor taumatúrgico del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, como si por sí mismo, sin renuncia expresa del independentismo a desempeñarse al margen de la ley, fuera la clave de la solución al llamado conflicto catalán, que es antes que nada un irresuelto conflicto civil entre los propios catalanes y no un conflicto de Cataluña con el Estado, como solo los independentistas lo entienden.
Por todo esto, los «indepes» están pasando por sus horas más bajas. Las televisadas escenas de terrorismo urbano en Barcelona están teniendo un alto coste reputacional para su causa. Y me temo que los daños inferidos a su imagen de marca, dentro y fuera de España, van a ser irreversibles.
