Las organizaciones ambientales Acenva, Ascel, ANP, Ecologistas en Acción, Grefa, SEO/BirdLife, Secem y WWF España critican la «falta de transparencia» de la Junta en la campaña de veneno contra los topillos. «No ha publicado resolución alguna que autorice su reparto, ni las condiciones de uso o las zonas autorizadas», aseguraron.
Además, pusieron de manifiesto que la Consejería no ha hecho público los supuestos datos de seguimiento que avalan esta decisión y, por ello, las ONG están estudiando medidas legales y recorrerán las zonas tratadas con veneno para hacer un seguimiento de la aplicación y de sus efectos sobre el medio.
Al respecto recordaron que el pasado 14 de marzo la Junta inició el reparto de veneno en siete comarcas de la región y denunciaron que se trata de una medida «desproporcionada y peligrosa,que no se justifica con ningún dato oficial aportado por la Consejería sobre la población de topillos».
Por el contrario sostuvieron que los datos recogidos por las organizaciones ambientales señalan que las poblaciones se han reducido mucho desde diciembre en distintas zonas, de manera que no se conocen invasiones preocupantes del cereal en Castilla y León, incluyendo las zonas donde en otoño había densidades más altas. «Pese a ello, se sigue acudiendo al veneno a sabiendas de los importantes daños que puede causar. Tanto es así que en varias localidades los agricultores se han negado a usarlo.
En esta situación consideran que el uso de veneno parece responder más a criterios de rentabilidad política y electoral que a criterios técnicos», explicaron. Además, pidieron que ante distintas informaciones que se divulgan en medios de comuncicación sobre el reparto de veneno contra los roedores, que desde la Junta se faciliten datos por escrito de los municipios en los que se ha repartido el veneno, el número de parcelas y la cantidad de rodenticida distribuido, «ya que no se dado ninguna una respuesta a las reiteradas peticiones realizadas».
La última de todas las peticiones se hizo hace un mes cuándo solicitaron los informes sobre la evolución de los resultados de los censos oficiales de topillos desde diciembre hasta febrero, y las metodologías de censo empleadas. «Esta ocultación es un hecho muy grave que resulta incompresible en una sociedad democrática», apuntaron los grupos conservacionistas.
