La sangrienta represión ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes en los últimos meses, unida al desafío nuclear del Gobierno, no ha dejado indiferente a la comunidad internacional, que ayer en la ONU criticó fuertemente las violaciones de los derechos humanos que continúan produciéndose en el país asiático.
Estados Unidos abrió el fuego al intervenir en primer lugar. «La Casa Blanca condena fuertemente la reciente violencia y la represión injusta de ciudadanos iraníes inocentes, que ha traído detenciones, muertos y heridos», señaló el secretario de Estado adjunto para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Michael Posner.
El representante norteamericano condenó también «las crecientes restricciones de la libertad de expresión», con «el cierre de medios de comunicación y la detención de periodistas, así como los impedimentos para acceder a internet», la «situación de los opositores arrestados y la ausencia de juicios justos».
Estas palabras vinieron a sumarse a las pronunciadas horas antes por la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, quien afirmó en Doha, capital de Qatar, que Irán se está convirtiendo en una dictadura militar, donde las instituciones civiles y líderes religiosos están siendo suplantadas por la Guardia Revolucionaria.
Clinton adelantó «que la postura de Irán, que anunció hace unos días que ya fabrica uranio enriquecido al 20 por ciento, no deja otra opción a la comunidad internacional más que endurecer las sanciones» y hacer pagar a Teherán «un precio más alto».
Las acusaciones de EEUU fueron contestadas en la ONU por el secretario del Alto Consejo de Derechos Humanos de Irán, Mohammad Javad Larijani, quien presentó a su país como una víctima del «doble rasero» en la relaciones internacionales.
Lariyani también denunció las «sanciones unilaterales y coercitivas impuestas al régimen de los ayatolás por algunos países occidentales por razones puramente políticas y que han tenido un impacto negativo en el desarrollo del territorio y en la realización de todos los aspectos de los derechos humanos de los ciudadanos».
Entre las consecuencias de dichos castigos citó, como ejemplo, «la prohibición de vendernos aviones de pasajeros y el no suministro de piezas de repuesto, lo que ha causado la muerte de cientos de personas en el reciente accidente aéreo».
La imposición de nuevos castitos económicos a Irán, que Estados Unidos trata de lograr, fue rechazada el pasado viernes por la más destacada opositora del régimen de Teherán, la Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, quien dijo que éstos perjudican al pueblo, pero no debilitan a los dirigentes.
Ejecuciones
Francia fue otro de los países que denunció ante Naciones Unidas que «las autoridades llevan a cabo una represión sangrienta contra su propia población, que reivindica pacíficamente sus derechos», mientras que el embajador español, Javier Garrigues, incidió en el alto número de ejecuciones que se registran en Irán y que le sitúan en segundo lugar en el mundo, después de China.
«España está preocupada por el deterioro de los derechos humanos en el país. Recomendamos que acepte la visita de los relatores de la ONU y lamentamos el empleo indiscriminado de la pena de muerte», señaló el diplomático.
Los casos de tortura, castigos como la lapidación o la amputación de miembros, la falta de independencia del poder judicial o las leyes discriminatorias hacia las mujeres y las minorías fueron otros de los aspectos criticados por los países que intervinieron.
El régimen islámico recibió, sin embargo, el decidido apoyo de Estados como Cuba, Nicaragua o Venezuela, que loaron la Revolución Islámica por poner fin a la dictadura del Shah, así como los avances sociales del país.
