Unos 70.000 indígenas etíopes han sido expulsados de sus tierras en la región de Gambella, en el marco de un programa de aldeanización puesto en marcha por las autoridades en la mayoría de las ocasiones sin consultar previamente a los afectados ni asignarles ningún tipo de indemnización, según delata la organización pro Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW). El grupo denuncia un plan gubernamental para emplear estas tierras «vacantes» o «inhabitadas» para impulsar inversiones de capital extranjero en agricultura industrial.
«Las reubicaciones se han caracterizado por las amenazas, los ataques y la detención arbitraria de quienes se han opuesto a la medida. Las Fuerzas de Seguridad que obligan a realizar los traslados están implicadas en al menos una veintena de violaciones durante el pasado año», señala el estudio de HRW, que se basa en más de un centenar de entrevistas a los afectados.
Formalmente, los traslados son voluntarios y el Gobierno ha prometido, además, importantes ayudas para mejorar las condiciones de vida en las nuevas aldeas. «Pese al compromiso del Ejecutivo de proporcionar recursos e infraestructuras básicas, los actuales poblados no tienen alimentación, apoyo a la agricultura ni instalaciones sanitarias y educativas adecuadas», desvela el informe.
«La tierra de las nuevas aldeas suele ser más seca y de peor calidad. En consecuencia, algunos de los reubicados sufren hambre o incluso inanición», advierte HRW.
Como ejemplo de las violaciones de Derechos Humanos en el proceso, la organización sostiene que los trasladados eran presionados por los militares a trabajar en la construcción de sus tukules (cabañas tradicionales) nada más llegar a la nueva aldea. Los soldados obligaron a los civiles a trabajar, y atacaban a cualquiera que descansaran o pararan para conversar.
Además, la configuración de las nuevas aldeas obliga a sus habitantes, principalmente miembros de las tribus Anuak y Nuer, a sembrar en una sola ubicación, mientras que antes estaban acostumbrados a plantar cosechas en distintos puntos a lo largo de los años. Los que previamente se dedicaban al pastoreo se han visto directamente obligados a abandonar la actividad en favor de una agricultura estandarizada.El programa de aldeanización puesto en marcha por el Gobierno dura hasta 2013. «El Ejecutivo etíope tiene previsto haber reasentado a más de 1,5 millones de personas en cuatro regiones: Gambella, Afar, Somali y Benishangul-Gumuz», añade el informe de la organización.
Estos traslados estarían directamente vinculados con el plan del Gobierno para fomentar las inversiones extranjeras en agricultura industrial. Según HRW, al menos el 42 por ciento de las tierras de Gambella están incluidas en el programa de fomento de la inversión agraria del Estado.
En total, en el conjunto del país, las autoridades han reservado 3,6 millones de hectáreas, equivalente a la extensión de Países Bajos, para la entrada de especuladores, principalmente extranjeros.
Además, HRW denuncia que los traslados de población se están realizando con cargo a la financiación proporcionada por organismos como el Banco Mundial o la Unión Europea. Estos donantes niegan tener una implicación directa en la aldeanización, pero sí reconocen que puede que las ayudas lleguen indirectamente a través de la financiación de los Gobiernos locales o los servicios básicos que se prestan en los nuevos asentamientos.
Ante las denuncias, los propios donantes han realizado estudios al respecto que han determinado que las reubicaciones son voluntarias. «El grupo de investigación de HRW en Gambella contradice esta afirmación. Creemos que los donantes están implicados en un programa que está haciendo más para socavar los derechos y modo de vida de la población que para mejorarlos», sostiene la organización pro Derechos Humanos.
