A perro flaco, todo se le vuelven pulgas. Y así parece ocurrirle a la esquelética Obra Social de Caja Segovia, que debe transformarse en Fundación. La gestora a la que se le encomendó llevar a cabo el proceso para elegir al Patronato que la dirija, se ha quedado reducida a la mitad en tan solo unos días.
Ayer presentaron su dimisión otros tres integrantes de la gestora, que representaban a impositores y a ayuntamientos en el antiguo y Consejo de Administración. Áurea Juárez, Víctor Martín y Beatriz Prados. A los tres podría sumarse también la renuncia de Inmaculada Merino Herranz, aunque no quiso confirmarlo ayer por la tarde alegando que no lo había decidido todavía.
Al parecer, el motivo fundamental que ha desencadenado las disidencias internas no es la futura Fundación ni el proceso de nombramiento del Patronato. Se trata de las condiciones con las que pueden producirse las bajas laborales de empleados de la antigua Caja Segovia que no se han traspasado a Bankia, al considerar ésta última que no les correspondían. Uno de estos empleados ha llevado su caso al Juzgado y, por tanto no incumbe a la gestora. Los otros cinco solicitaron su baja incentivada en las condiciones similares a las que se han producido prejubilaciones de antiguos compañeros de Caja Segovia.
En un Consejo de Administración de Caja Segovia se sometió a votación si se admitían esas condiciones. Se decidió dejar sobre la mesa el asunto hasta que se constituyera la gestora. En otra reunión posterior se sacó de nuevo el asunto a votación y entonces ya se vislumbraron las diferencias. Fue preciso el voto de calidad del que entonces era presidente, Rafael Encinas, para dirimir el empate que se daba en la votación, a la que acudieron representantes.
Unos días después, ya en noviembre, se produjo el cese, a petición propia del entonces director, Fernando Tapias. Parte del Consejo de Administración quiso oponerse por considerar que ocasionaba un “perjuicio” a la entidad. En esa semana y ya extinguida Caja Segovia como entidad, también presentaron sus dimisiones, Rafael Encinas, que había sido presidente del Consejo de Administración; y José María Llorente.
El pasado martes se creó formalmente la gestora provisional. Pero ya se había votado el asunto de las bajas. Surgieron las diferencias internas de criterio sobre el personal. Así se han creado dos teóricos bandos: quienes defienden las bajas con indemnizaciones de más de 40 días por año trabajado, y el integrado por quienes consideran que esas condiciones suponen una importante sangría labora y económica para la futura Fundación. De acuerdo con la versión dada por algunos miembros de la gestora, aceptar estas bajas incentivadas para cinco personas supone pgar unas indemnizaciones de casi 750.000 euros que deberá pagar la Fundación, y de la que por el momento se desconoce su presupuesto real. Asimismo consideran que en estos momentos se precisa a este personal para que sirva de conexión entre la antigua Caja Segovia y la futura Fundación. Entienden que son necesarios para completar el Plan de Viabilidad, inventarios y porque son quienes conocen los sistemas de contabilidad y de administración. “No nos oponemos a que se vayan. Si quieren hacerlo, que lo hagan en las condiciones de cualquier trabajador”, explican las mismas fuentes. “Pero no es momento, pues ahora debemos ver la forma de generar recursos, y para luego poderlos gastar; pero no podemos incentivar prejubilaciones como las que se han producido y que nos han llevado a la situación actual”, añaden. En este sentido apuntan que la intención de la gestora “debe ser velar por los intereses generales y sacar la Fundación adelante, no anteponer los intereses particulares”.
Así las cosas, la gestora de la futura Fundación Caja Segovia volverá a reunirse la próxima semana, ya 2013. En principio serán seis los miembros que la integren, siempre que se admitan las renuncias que han ido produciéndose hasta ahora: la mitad de los que había en principio.
