Han pasado 25 años desde que se comprometiera por primera vez el futuro Instituto de Educación Secundaria (IES) del barrio de San Lorenzo y su módulo de Formación Profesional (FP) y 20 desde que el Ayuntamiento de Segovia comenzara a buscar la ubicación de los terrenos. Ahora, tras resolver la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en el pasado mes de marzo el contrato con la empresa Proyecon Galicia, por un valor de 8.470.000 euros, para proceder al derribo parcial de varios pilares defectuosos del edificio al no cumplir con los parámetros de calidad y seguridad exigidos y continuar con el proyecto de construcción, las obras se encuentran inmersas en un nuevo parón.
Ante esta situación varios grupos políticos se han movilizado en las últimas fechas para conocer en qué momento se encuentran los trabajos y cuándo se van a retomar las actuaciones. En ese sentido, Vox, a través de la procuradora por Segovia, Susana Suárez, registró una serie de preguntas a la Junta para que explique el estado de la licitación de las obras del instituto de San Lorenzo, las previsiones de la adjudicación de la intervención y los plazos fijados para su ejecución.
Con vistas a 2025, la Junta, dentro del Presupuesto propuesto en materia educativa en la provincia, tiene programada una inversión de 1.300.000 euros, destinada a la construcción de nuevas instalaciones como la del IES San Lorenzo.
Por su parte, el concejal de Segovia en Marcha (Podemos – Alianza Verde), Guillermo San Juan, llevará el viernes, 27 de diciembre, al Pleno del Ayuntamiento de la capital una moción para reclamar a la Junta de Castilla y León que reanude la construcción del instituto de San Lorenzo. Asimismo, pedirá el cumplimiento de los plazos comprometidos para la licitación de los dos edificios (FP y Secundaria y Bachillerato) y el equipamiento dotacional pendientes en el barrio de San Lorenzo; e instará a la ejecución total del proyecto antes del último trimestre del 2026. La propuesta de Segovia en Marcha en la sesión plenaria se completará con la petición de una mesa de diálogo abierta con la comunidad escolar, los agentes sociales y el tejido vecinal de la zona para informar y rendir cuenta de los avances.
San Juan explica que «la parcela donde se está construyendo la ampliación del instituto es de propiedad municipal, que fue cedida al gobierno regional hace más de 15 años para que esta infraestructura fuera una realidad: por esta razón, y porque el compromiso del módulo de FP se consiguió gracias a la lucha de la comunidad educativa, del tejido vecinal y de los agentes sociales, el Ayuntamiento tiene que exigir que la Junta no siga dando largas a la ciudad».
