El día 11 de diciembre del recién pasado año 2025 el B.O.E. publicaba la “ley de atención al cliente” que obliga a facilitar y mejorar las relaciones telefónicas a las empresas españolas de más de 250 empleados, o con un volumen de 50 millones de euros. La recién aprobada ley, entre un revoltijo de pequeños cambios que faciliten los trámites telefónicos como que la espera de respuesta no pase de 3 minutos, que el servicio sea accesible y gratuito, atención a grupos vulnerables, limitación de utilización de medios robotizados o intento de bloqueo de las llamadas “spam”, obliga a las grandes empresas a dialogar con clientela de comunidades autónomas con lengua cooficial, como el catalán, el euskera o el gallego, a atender en estas lenguas, si el cliente las usa y las exige.
Esto significa clara y llanamente que estas empresas han de tener sí o sí un departamento de personal políglota, o algún empleado ducho en parlar las lenguas regionales, que además del castellano, lengua oficial de obligado conocimiento para todos los españoles, utilice profesionalmente las otras lenguas cooficiales de voluntario uso en sus respectivos territorios. Si a la carga económica que ya suponen los, cada día más altos, tributos, más elevados salarios, reducción de horarios, aumento de permisos y días libres, y carestía siempre “in crescendo” de materiales, herramientas, desplazamientos…, añadimos la exigencia de personal especializado en cambiar para españoles el español a lenguas cooficiales, no es raro pensar en más o menos inmediata estampida empresarial, en busca de territorio de menos exigencias y mayores libertades.
Tras el art.2 de nuestra, de todos, los españoles, Carta Magna, la Constitución consensuada el 31 de octubre de 1978, que dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”, el art.3 explica, claro y rotundo, que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tiene el deber de conocerla y el derecho a usarla “. Y que “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos”.
Si las grandes empresas en alfoz bilingüe optan por tener su departamento de lenguas cooficiales, será su particular decisión, pero ningún ciudadano español tiene por qué acceder y cooperar con quienes, por capricho o por odio al país pretenden marginar nuestra valiosa lengua común.
Con la comentada ley el Gobierno que tiene que hacer cumplir la Constitución, infringe el artículo tres al obligar a ciertos empresarios a usar su lengua vernácula, que el citado art.3 de la Constitución declara de voluntaria utilización, dando así primacía a las lenguas vernáculas del país vasco, la nació catalana y el pobo galego, sobre el castellano de todos los españoles, también de momento los vascos, catalanes y gallegos.
No es precisamente la necesidad o el auge del uso de estas lenguas, que, aunque todos las consideramos de un apreciable valor cultural añadido, no son imprescindibles ni solicitadas fuera de nuestra piel de toro, pues la pretensión y reconocido afán del Gobierno de España de su empleo en la UE, que, por otra parte, nos costaría a todos los españoles 132 millones de euros, ha sido mayoritariamente rechazada, mostrando su reticencia hasta 11 países, y sólo 2 de los 27 manifiestan su apoyo.
Con tales personajes internos no necesitamos extraños enemigos que critiquen y ataquen nuestras esencias y valores. Sintamos el orgullo, como españoles, de hablar el universal castellano, grande e “in crescendo” cada día.
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* Profesor de Lengua Española en la ESO, jubilado.
