La Fiscalía Anticorrupción sospecha que funcionarios de la empresa pública Adif y trabajadores de la firma privada Corsán pudieron haber recibido dinero entre 2008 y 2012 dentro de las presuntas irregularidades en las obras del AVE Madrid-Barcelona, cuya investigación está bajo secreto de sumario y que, por el momento, se saldó ayer con nueve detenidos, entre los que figuran el director de la línea de alta velocidad del noroeste y el delegado de Corsán en la Ciudad Condal. También se produjeron 11 registros en las dos ciudades en la denominada como Operación Yogui.
Estos supuestos pagos fueron ordenados presumiblemente por un directivo de la firma contratista, Corsán, y en la presunta trama los arrestados podrían haber incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental. Se cree que pudo haberse creado un sobreprecio de seis millones de euros.
Conviene resaltar que seis de los 11 registros se hicieron en las diversas sedes sociales de la empresa en la Ciudad Condal y en la capital de España, en la consultora técnica externa que asiste en la dirección de obra, en Adif, así como cinco registros en domicilios particulares de los principales implicados. Concretamente, se investiga si directivos de la firma se pusieron de acuerdo con funcionarios de Adif responsables de la obra y técnicos externos «para beneficiar económicamente a dicha mercantil en perjuicio de los fondos públicos gestionados» por éste.
Mientras, la Guardia Civil busca en los registros documentación que pueda revelar cobros de los funcionarios de Adif, pruebas «de los artificios que fueron utilizados para falsear las mediciones y disimularlo después», así como de diversa documentación oficial.
De hecho, Anticorrupción calcula que los implicados generaron un sobreprecio en favor de la empresa contratista de unos seis millones de euros. De común acuerdo, se habrían alterado repetidamente las mediciones técnicas de los trabajos realizados en la obra, falseado las ulteriores certificaciones oficiales de ejecución y camuflando sus ardides en la documentación final, moviendo cifras entre las diferentes partidas, a fin de dar justificación aparente a mayores trabajos de los que realmente fueron efectuados.
El pasado enero, la delegación de la Fiscalía en Barcelona presentó una querella tras una investigación de ocho meses, originada tras la denuncia de una empresa de la competencia, y ahora la causa la instruye el Juzgado de Instrucción 9 de la ciudad catalana.
Desde Fomento, la ministra, Ana Pastor, confirmó que las autoridades judiciales «ya habían pedido documentación» sobre estas presuntas irregularidades. Asimismo, detalló que recibió la información de las actuaciones de la Guardia Civil a lo largo de la mañana, para luego asegurar que su Ministerio colaborará «como siempre» con las administraciones de Justicia, facilitando toda la información de que dispongan.
