Un equipo formado por diez inspectores, subinspectores y técnicos de la Consejería de Empleo e Industria, la Consejería de Sanidad, y de la inspección de Trabajo y Seguridad Social trabajarán en la nueva campaña para vigilar el cumplimiento de las normas de prevención y contención del coronavirus en las empresas de la provincia de Segovia.
La campaña, que se eleva a toda Castilla y León, se desarrolla en dos fases. En la primera, que se inició el jueves y se prolongará hasta el 9 de agosto, equipos integrados por personal de ambas consejerías y de la Inspección estatal están realizando visitas de control a empresas de los sectores agroalimentario, cárnico, hostelero, comercial e industrial, en función de las actividades más representativas de cada provincia. A estas tareas se están dedicando por el momento más de 130 personas, de las cuales 69 pertenecen a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio.
La segunda etapa comenzará a partir del 10 de agosto, y a ella se incorporarán más efectivos del área de Sanidad, que operarán de forma independiente, pero coordinada, con los de Trabajo y los técnicos de Empleo e Industria, de manera que entre ambos equipos existirá un intercambio de información continua.
El objeto de las visitas a los centros de trabajo es comprobar que las compañías de Castilla y León están adoptando las medidas de prevención, contención, seguridad e higiene frente a la pandemia.
Medidas
Entre las más relevantes, cabe destacar el deber de las empresas de mantener una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros entre sus empleados o, si esto no resulta posible, de facilitarles los equipos de protección adecuados. El uso de mascarilla también es obligatorio.
En los centros productivos deben garantizarse, asimismo, la ventilación, limpieza e higiene de las dependencias, la provisión de hidrogeles, la reordenación de los turnos para evitar la coincidencia masiva de personas (ya sean clientes o trabajadores) y el fomento del teletrabajo.
El Ejecutivo de Castilla y León marca también limitaciones en los aforos y establece unas pautas para el uso de instalaciones comunes (como ascensores, aseos, vestuarios, probadores o salas de lactancia), así como directrices para la desinfección de locales, uniformes y ropa de trabajo.
El personal que va a participar en esta campaña está habilitado para fijar sanciones en el caso de detectar incumplimientos por parte de las empresas. Así, los inspectores y subinspectores estatales pueden establecer multas de entre 2.046 y 40.985 euros por infracciones graves.
Por su parte, las sanciones aplicables por la Junta oscilan entre los 100 y los 3.000 euros para infracciones leves; entre los 3.001 y 60.000 euros para las graves; y entre los 60.001 y 600.000 euros en el caso de las muy graves, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Ley 7/2020, de 23 de julio.
