Desde 2018, el catedrático de Derecho Administrativo Tomás Quintana López ejerce de nexo de unión entre los ciudadanos, sus quejas y los organismos que pueden resolverlas. En esta entrevista comenta las entretelas de su labor y las materias tratadas durante el 2025 que acabamos de cerrar, con especial énfasis en aquellas enviadas desde Segovia.
—Veo que ha tenido un 2025 muy movidito…
—Ha sido un año muy intenso, pero no menos que los anteriores. Lo importante es seguir trabajando.
—El reportaje que acompaña esta entrevista se titula con que una de cada cuatro quejas segovianas atañe a la Administración Local. Es el eje de sus materias, ¿verdad? Los problemas cercanos del ciudadano: alumbrado público, agua potable, limpieza de las calles, etc.
—Efectivamente, como sucede en la comunidad. Una gran parte de las quejas se refieren a los entes locales porque son miles los que existen en la comunidad y Segovia no es una excepción. Suelen referirse a la actuación o falta de actuación de los municipios y los pequeños municipios. Sean grandes o pequeños tienen el deber de prestar determinados servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua, limpieza, alumbrado, aguas residuales… Hay pequeños municipios que tienen dificultades para prestarlos y de ahí nos llegan muchas quejas.
—Un tema estrella, que va más allá de Segovia y Castilla y León, es la famosa tasa de basura. ¿No les han invadido con este polémico asunto?
—Es un problema nacional que obedece a una ley estatal. Todavía no hemos empezado a resolver alguna reclamación que nos ha llegado. Es verdad que no se corresponde ese número de quejas con la entidad del problema. Además, es un tema que está judicializado, pendiente de recursos, por tanto no ha aparecido en otras instancias como es el Procurador del Común. Puede que eso lo explique.
—Llama la atención una queja múltiple con 248 expedientes sobre limpieza de solares y riesgo de incendios en Marugán. Parecen muchos.
—También se ha producido en otras provincias de Castilla y León. La limpieza de solares y fincas se repite todos los años, incluso en el espacio público del término municipal, que deben limpiarse o conservarse en función de si es una titularidad pública del municipio o privada de sus dueños. En 2025 fue más intensa con motivo de los grandes incendios del verano porque los vecinos se alarman al ver maleza en el entorno urbano, por ejemplo. En estos casos lo que hicimos fue resolver las quejas sin siquiera esperar el informe del propio ayuntamiento al entender que era una situación de urgencia que debía ser solucionada con prontitud. Lo que pasa es que muchas de ellas llegaron cuando los incendios ya habían pasado, en octubre.
—Una materia que motivó actuaciones de oficio de la institución que encabeza. ¿Cuál es el mecanismo de estas intervenciones de oficio que no proceden a instancia de parte?
—Es muy sencillo. La ley que nos regula habilita al procurador a promover actuaciones de oficio cuando tiene conocimiento de alguna situación en la que, pese a no ser objeto de queja, considera que es necesario que la administración que sea competente deba abordarla y nos dirigimos a ella para alertarla y le damos nuestra visión. Le pongo un ejemplo relacionado con los incendios. Hace un mes dictamos una resolución encaminada a la Administración autonómica para que valore la oportunidad de promover mediante incentivos el uso de ganado extensivo para la limpieza de los montes, algo que tradicionalmente se hacía cuando había más actividad ganadera. Ahora las explotaciones son distintas y no existe en algunas zonas esa ganadería extensiva y esa limpieza de los montes con el pastoreo. Consideramos que la Junta debe valorarlo. Otras veces conocemos un asunto que creemos que puede extenderse a otras provincias y por ello dirigimos a la Administración regional, por ejemplo, alguna reclamación sobre el mal uso del patinete en las ciudades provocando hasta accidentes. Nuestra visión podemos extenderla a otros grandes municipios en los que no se produjeron quejas hasta ahora.
—Dígame alguna que le haya llamado la atención sobremanera, aunque no sea de Segovia.
—Bueno, pues…
—Son miles, lo entiendo…
—Pues otra de oficio, también en la zona de Segovia, relacionada con el mal estado del agua que se abastece en algunos municipios o por el uso de fertilizantes, la contaminación por nitrato u otros componentes químicos en proporción superior a la legal. Alguna la conocimos a través de los medios de comunicación o por algún estudio universitario. Hemos actuado de oficio porque creo que atañe a la prestación de un servicio público esencial. No es un problema exclusivo de los pequeños municipios y debe encontrarse solución en administraciones de mayor rango. Nos hemos dirigido a las nueve Diputaciones, que tienen entre sus competencias colaborar con esos pequeños municipios en la prestación de esos servicios, para que intervengan.
—Choca también que pese a que el problema de la vivienda y los alquileres es muy serio en España, no han recurrido en exceso a su organismo.
—Sí tenemos quejas, pero sobre todo por la gestión de las ayudas al alquiler, los retrasos en la resolución de los recursos, subvenciones denegadas, etc.
—¿Tiene la sensación o alguna vez ha pensado que le gustaría hacer más, es decir, tener más poder para así ayudar a los ciudadanos a resolver sus problemas?
—Nosotros hacemos lo que podemos. Evidentemente, tenemos que ajustarnos al marco normativo que nos impone la ley reguladora de la institución del Procurador del Común, casi idéntica a la del Defensor del Pueblo en otras comunidades. Somos conscientes de que nuestras resoluciones no son vinculantes. No podemos ir más lejos que defender nuestras resoluciones y las administraciones, entendemos que de forma responsable, las aceptan o las rechazan. Son las reglas del juego y debemos aceptarlas.
—¿Y cómo encajan los ciudadanos alguna respuesta que sea contraria a sus intereses?
—Tanto las estimatorias como las de rechazo son fundadas y motivadas. Es nuestra forma de actuar. Aquellas en las que no les apoyamos no les serán tan gratas.
—Es usted un testigo muy fiable sobre si las administraciones están o no muy alejadas de lo que sucede en la calle.
—Siempre nos ponemos en la situación del ciudadano que se queja, porque casi siempre tiene algo de razón. Es nuestro punto de partida.
—Lleva desde el 2018, ¿querrá repetir?
—Lo decidirán las Cortes. Lo que me corresponde es trabajar con la máxima intensidad y voluntad. De lo demás no me puedo ocupar.
