La empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), Nuclenor, planifica adelantar el cierre definitivo de estas instalaciones a este mes de diciembre ante el nuevo impuesto que tendría que pagar por extraer el combustible gastado del reactor a partir del 1 de enero, según una de las enmiendas introducidas por el Partido Popular a la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética durante la Comisión de Industria celebrada en el Senado el pasado martes, según publicó en su edición de ayer el Diario de Burgos.
Tras analizar las consecuencias de esta enmienda que considera que hace «absolutamente inviable económicamente a la central», la dirección de Garoña empezó ayer a planificar una posible parada definitiva del reactor a mediados de este mes, en torno al día 16, en lugar del mes de julio de 2013 como estaba previsto, para evitar el pago de un millonario impuesto por la producción de residuos nucleares que entrará en vigor en enero si el Congreso no rechaza los cambios introducidos por el Senado en el proyecto de ley que determinará la nueva fiscalidad de las eléctricas.
Como el Pleno del Senado o el Pleno del Congreso todavía pueden rechazar estos cambios, desde Nuclenor señalaron que «la decisión no está tomada». En todo caso, sus directivos trasmitieron ayer esta situación a los miembros del comité de empresa y al resto de trabajadores a través de sus jefes de equipo con el fin de ir planificando las tareas de la parada definitiva del reactor.
Si la normativa se aprueba con la enmienda introducida por el PP en el Senado, la planta atómica burgalesa tendría que pagar 2.190 euros por cada kilogramo de metal pesado (uranio y plutonio) contenido en el combustible nuclear gastado que se extraiga definitivamente del reactor para su trasvase a la piscina una vez que éste haya parado. En cambio, si el reactor se detiene definitivamente este mes y se extrae todo el combustible gastado antes de que entre en vigor la nueva ley, Nuclenor evitaría abonar ese nuevo impuesto.
