Señora directora:
Después de mi perseverancia reclamando, durante los últimos 15 años, al Ayuntamiento y a las autoridades competentes, un agua digna como se establece en la ley de sanidad, salud pública, reglamento y normas de obligado cumplimiento de suministro, todos sin excepción, han violado, “con presunción”, y siguen haciéndolo, nuestros derechos. Han puesto en peligro constante la salud, incluso la vida, de los vecinos que reciben un agua procedente de tuberías ilegales. Éstas son de fin de recorrido, encargadas de recoger, por medio de una válvula en conexión con la red general de suministro de agua potable, la suciedad que arrastra dicha red, lIevándola por otra válvula de vaciado, al alcantarillado general del pueblo. Entre estas dos válvulas existen accesos a vecinos, y otras conexiones de otros servicios del municipio. Según el Reglamento de Servicio de suministro de agua potable a domicilio, en su artículo 20, establece que: “Todas las fincas deberán tener obligatoriamente toma directa a la red general de suministro de agua potable del pueblo”, entendiendo con claridad que no debe ser suministrada de otra que no sea la general del pueblo. Es fácil deducir que los accesos son ilegales y que el Ayuntamiento incumple la ley y las normas, debiendo obligatoriamente reparar la situación y pagar, como responsables, las consecuencias y daños que hayan ocasionado a los vecinos.
Al mismo tiempo de lo indicado y después de lo sucedido, ese Ayuntamiento tiene la obligación de publicar, sin demora alguna, un plano general del pueblo con la situación actual de la red general de suministro de agua potable, con indicación de los accesos ilegales y a los vecinos a los que corresponde, ya que pueden estar recibiendo agua no apta para el consumo.
En julio de 2018 realicé una obra autorizada por el Ayuntamiento de conexión directa a la red general, que pagué con mi dinero y en derecho le correspondía al Ayuntamiento. Solicité al mismo la devolución de la cantidad pagada, negándose éste a devolverla. También reclamé las tasas cobradas ilegalmente por embargo de nuestras pensiones, con un aumento en 2015 y años sucesivos, del 442% con relación a las anteriores, siendo discriminados por ser a los únicos vecinos que se les cobró este aumento.
El Sr. alcalde conociendo la situación económica del Ayuntamiento y las necesidades urgentes del pueblo, mira para otro lado, sin intención alguna de solucionar los problemas. Aumenta las deudas por los gastos caprichosos del mismo, como celebraciones y homenajes invitando a las autoridades que no han respondido a mis reclamaciones, agasajándolos y él poniéndose su propia medalla, y todo a cargo de mi dinero embargado y el de los vecinos. Se dedica a investigar cosas que el pueblo ya sabe, haciendo folletos, escritos, libros y regalos a todo el pueblo, queriendo en su egocentrismo, dar lecciones magistrales de cultura general. Y todo esto, a cargo de nuestro dinero, siendo responsable de sus actuaciones y debiendo pagarlo de su bolsillo y de los de su equipo de gobierno, en caso de haberlo permitido.
Cuando una persona se presenta a un Ayuntamiento, va a solucionar los problemas de los vecinos, y no a creárselos. ¡¡Ya se olvidaron de su juramento!! Deberían todos responder de sus actos e irresponsabilidades con su patrimonio, declarado al Ayuntamiento al inicio de la legislatura. Nadie puede quedar impune por tales atropellos, ni ante la ley ni ante el pueblo.
Dichas autoridades, junto al pleno del Ayuntamiento, deberían beber esta agua no apta para el consumo, en su última analítica del 4-2-19, y que han dado a varios vecinos, sintiendo en su piel las consecuencias de la misma por su irresponsabilidad. Si no lo hacen, que dimitan todos de sus cargos al prevaricar con conocimiento de las leyes de sanidad, el reglamento y normas de suministro de agua potable a los vecinos, en lugar de que sea digna para todos y sin discriminación alguna.
VECINO DE TORRECABALLEROS
