El caso Marta del Castillo, la inhabilitación del juez Garzón, el caso Gürtel o la imputación del duque de Palma son asuntos que han llevado a decisiones judiciales que parte de la sociedad no ha entendido. El presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Palomo, considera que “no debería identificarse el resultado de los tribunales con una virtud cardinal”.
Explica que la transmisión de las actuaciones de la Administración de Justicia a los ciudadanos es difícil porque, aunque el Derecho afecta a todos los ciudadanos no hay una formación sobre estos asuntos legales, “los planes de enseñanza no incluyen ninguna asignatura sobre esto pero todo el mundo a lo largo de su vida compra una vivienda, abre una cuenta corriente, hace testamento, etc. y no se es consciente de la trascendencia legal de esos actos”.
Palomo sostiene que con frecuencia hay asignaturas escolares que incluyen el conocimiento de geografía exóticas pero jamás se explican las cuestiones relacionadas con el Derecho o la Administración de Justicia.
“Partiendo de ese déficit estructural, también existe una falta de cultura de aceptar lo que son los juzgados; se identifica la Justicia con las decisiones de un juez, que está sujeto a la Ley. Un proceso penal está limitado por las peticiones de las acusaciones”, añade.
El presidente de la Audiencia segoviana admite que es cierto que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado pero “es el único atomizado, administrado por cada uno de los jueces y es garante por un lado de los derechos fundamentales y al mismo tiempo es un servicio público para la resolución de conflictos, tiene un fin social. No se puede exigir, aunque sea deseable, que siempre se acomode a los intereses individuales. Está sometido a la jerarquía de derechos y deberes del ordenamiento constitucional”, sostiene.
Precisamente sobre la posible modificación en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para Palomo la independencia del Poder Judicial “depende de la voluntad de los políticos y de las personas que son designadas porque sea cual sea el sistema de elección si después hay una alineación voluntaria o una identificación política o ideológica, estaríamos en la misma situación”.
El presidente de la Audiencia Provincial considera que actualmente ya son los propios jueces los que proponen los candidatos “pero prima en este sistema electoral a los que están asociados frente a los que no lo están”, cuando en torno al 50% no están adscritos a ninguna organización.
Por otro lado, aunque el presidente de la Audiencia valora el anuncio que ha hecho el Ministerio de Justicia para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señala que “el problema es de definición de modelo, ¿quién va a hacer la instrucción, si el fiscal o el juez?, porque los dos tienen pros y contras y es verdad que cada vez resulta más difícil ser juez de instrucción porque por un lado tiene que realizar el acopio de material probatorio y por otro garantizar que los límites de los derechos para obtener ese material no traspasen el ordenamiento legal”.
Además resta efectividad a algunos proyectos de Justicia que pretenden descargar de trabajo a los jueces “porque no son las cuestiones de mediación, por ejemplo, las que suponen más trabajo; otra cosa es que sea conveniente”.
