Las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad señalan que sólo el 0,28 por ciento de los contagios de covid registrados a lo largo de la pandemia se han producido en gimnasios y centros deportivos, a los que la administración regional, al igual que en otras comunidades, obliga a cerrar su actividad. Esta controvertida medida ha puesto en pie de guerra a los empresarios y trabajadores del sector en Segovia, que ayer salieron a la calle para pedir a las autoridades sanitarias la reapertura de los centros deportivos.
Cerca de un centenar de personas siguieron la convocatoria propiciada por el centro Spartan Center de la capital, que se concentraron en el Azoguejo para, desde allí, llevar a cabo una manifestación hasta la Plaza Mayor para mostrar a la sociedad el creciente malestar de un sector al que se está “criminalizando sin ningún tipo de sentido”, según aseguró el empresario y director del Spartan Center Rufo Martín.
Rufo Martín aseguró que los gimnasios “no somos el problema, sino parte de la solución”, y señaló que los centros “no son un riesgo real” para el contagio ni la propagación del virus. “Ninguno de los empresarios del sector si pensara que la apertura de sus centros supone un riesgo para la salud de nuestros socios, serían los primeros en haber cerrado motu proprio”, indicó.
Asimismo, aseguró que durante el tiempo que han permanecido abiertos en la pandemia “hemos sido un ejemplo” en el cumplimiento de las normas de seguridad, tanto en la reducción del aforo, el uso de mascarillas y gel o la toma de temperatura, lo que se refleja en los ínfimos datos de contagios relacionados con los centros deportivos.
También puso de manifiesto el hecho de que la práctica deportiva supone un beneficio para la salud “del que se está privando a los ciudadanos” en este tiempo, a lo que hay que sumar el perjuicio que se está causando a muchas personas que están preparando sus pruebas físicas para optar a oposiciones y que ahora “tienen que entrenar en casa o como puedan, sin la ayuda y la supervisión de los profesionales”.
En el ámbito profesional, subrayó que el cierre de estos negocios, que sólo han podido trabajar durante seis de los últimos doce meses, supone también un grave quebranto económico con una “facturación cero” durante medio año, y reivindicó el “derecho a estar abiertos”. “Si fuera por una justificación real, habría que asumirlo y no podríamos hacer nada pero, con los datos que tenemos, no tiene ningún sentido”, concluyó.
