La concejal y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestra, se enfrentará el próximo jueves al juicio por el llamado ‘asalto’ a la capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense, ocurrido hace casi un lustro, y por el que el fiscal le pide un año de cárcel. Así, el Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid, será el encargado de celebrar la vista oral en una sesión única que dará comienzo a partir de las 09.30 horas contra Maestre y Héctor Meleiro, también militante de Podemos.
De esta forma, el Ministerio Fiscal solicita para los dos acusados una pena de un año de prisión por la supuesta comisión de un delito contra los sentimientos religiosos, penado en el artículo 524 del Código Penal.
Según la Fiscalía, en su informe de calificación provisional, el 10 de marzo de 2011 los acusados, “guiados por el ánimo de ofender los sentimientos religiosos de los allí presentes, y de todo el colectivo católico”, sobre las 13.30 horas entraron en la capilla del campus universitario de Somosaguas y, en presencia del capellán y de varios estudiantes que se encontraban orando, “invadieron el espacio destinado al altar portando imágenes del Papa con una cruz esvástica y leyeron distintos pasajes de la Biblia, así como diversas citas de santos y obispos”.
El fiscal asegura que la acusada, junto con otras mujeres que no han sido identificadas, se desnudaron de cintura para arriba, algo que Rita Maestre ha negado.
A continuación, siguiendo con esta versión, abandonaron la capilla gritando “vamos a quemar la Conferencia Episcopal” o “arderéis como en el 36”. Los dos acusados, cuando presuntamente cometieron estos hechos, iban acompañados de Lara Paloma T. M., Alberto H. H., Beatriz M. M, Pedro L. L. y Lara F. M., quien filmó la salida de la capilla y contra los cuales no se dirige este procedimiento “al no haber quedado acreditada la intención con la que estaban allí presentes”.
De esta forma, la causa penal se inició por la querella presentada por el partido ultraderechista Alternativa Española. Asimismo, los hechos también fueron denunciados por el centro jurídico Tomás Moro.
