En 2006, la Iglesia Católica registró a su nombre la Mezquita-Catedral de Córdoba, un monumento Patrimonio de la Humanidad. Ahora, una campaña reclama a través de Internet que se devuelva la titularidad pública de esta joya del arte andalusí.
El debate ha reabierto otro más amplio, como es el de inscribir inmuebles en el registro de la propiedad por primera vez.
En este sentido, colectivos laicistas denunciaron que, en el último medio siglo, miles de templos pasaron a manos de la Iglesia en virtud de una ley aprobada en 1946 que permitía a los obispos registrar bienes sin tener que demostrar su propiedad.
En 1998, el Gobierno de José María Aznar extendió a las iglesias de culto estos registros, permitiendo a los prelados ejercer como funcionarios públicos a través de un proceso sencillo y barato.
Inmatricular la Mezquita de Córdoba costó 30 euros hace ocho años. El monumento es visitado cada año por 1,2 millones de personas, que pagan ocho euros por la entrada.
La tramitación de una reforma de la ley de 1946 por parte del actual Ejecutivo de Mariano Rajoy recortará el privilegio de estas inmatriculaciones a la Iglesia, pero la norma tardará en torno a un año en entrar en vigor.
Los colectivos laicistas advierten de que los obispos aprovecharán esta suerte de moratoria para inscribir aquellos templos que todavía no están a su nombre.
La polémica está servida, especialmente en los casos en los que no hay documentos que acrediten quién es el dueño de un inmueble de carácter religioso.
Hace unos días, el debate recaló en el Senado. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, calificó de «despropósito económico y jurídico» la posible expropiación de la Mezquita de Córdoba -ahora catedral- y aclaró que la indemnización que habría que pagar a la Iglesia sería muy alta.
Pero en las últimas semanas, más de 350.000 personas apoyaron en Internet la campaña que reclama «una Mezquita-Catedral de todos», es decir, la gestión pública de un monumento que comenzó a construirse en el año 785, cuando los árabes dominaban el sur de la Península Ibérica, y que cuatro siglos más tarde se convirtió en catedral católica.
El manifiesto fue secundado por numerosas organizaciones y personalidades de la cultura, como el arquitecto Norman Foster o los escritores Muñoz Molina, Antonio Gala, José Manuel Caballero Bonald o Juan Goytisolo.
Durante muchos años, el icono religioso cordobés no tuvo dueño reconocido.
Este caso se repite a lo largo y ancho de la geografía española y desde las asociaciones laicistas se da por buena la cifra de 4.500 inmuebles inmatriculados en los últimos ocho años. Algunos eran propiedad de la Iglesia; otros estaban considerados bienes comunales o pertenecían a los municipios, según aseguran los promotores de la iniciativa laica.
