El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) cita a declarar como imputados al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, por la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre.
En una providencia, la Sala Civil y Penal del TSJC llama para interrogar a Mas a las 10 horas del próximo jueves 15 de octubre y dos días antes, el martes 13 de octubre, a Ortega y Rigau.
El TSJC también llamó a declarar el lunes 19 de octubre a cinco testigos que había solicitado la Fiscalía, entre ellos, al responsable técnico informático que asumió la coordinación y dirección de los servicios prestados por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
La citación de Mas llegó después de que a finales de 2014 el tribunal admitiera varias querellas por el 9-N, entre ellas la de la Fiscalía por supuestamente haber desobedecido al Tribunal Constitucional (TC) al organizar la consulta sobre la independencia.
Les acusaba concretamente de haberse “negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución”, al organizar este proceso participativo pese a la suspensión decretada por el TC.
En su escrito, la Fiscalía consideró que los ahora imputados sabían que la consulta prevista inicialmente —primero— y el proceso participativo —después— habían sido suspendidos, y aludió a estas declaraciones de Mas: “Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno”.
La Fiscalía consideraba que no es necesario que la negativa del Govern a cumplir la decisión del TC fuese expresa, sino que “esa voluntad puede deducirse, tanto en comportamientos activos como omisos, expresos o tácitos”, recogía el escrito.
También insistía en que fue “una consulta planificada, auspiciada y financiada” por el Govern, que el contenido de la suspensión no dejaba margen a la duda y que, pese a eso, los tres querellados participaron en su fomento de manera personal y directa, decía literalmente.
La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, interpretó como un “juicio político” la decisión y alude a una “instrumentalización política” en la querella que “presentó la Fiscalía General del Estado, contra el parecer de los fiscales catalanes”, y también Manos Limpias.
La también portavoz de la Generalitat afirmó que “no se ha hecho nada ilegal” y ha manifestado el total apoyo y solidaridad del Govern con los tres imputados.
Munté ve una “auténtica anomalía democrática” que atribuye a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno central por querellarse contra quien puso las urnas para que la gente opinara sobre el futuro de Cataluña.
Asimismo, acusó de “cinismo” al Gobierno central por afirmar que la citación se produce ahora para no interferir en el proceso electoral del 27-S, y dijo que, de ser sinceros, deberían expresar su satisfacción por la imputación.
