La Fiscalía Anticorrupción en Málaga solicita 10 años de prisión para el exalcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz y el que fuera gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 Juan Antonio Roca en otra causa por presuntas irregularidades urbanísticas a través de la firma de varios convenios con una sociedad para construir un edificio de viviendas.
En la causa se investigan las supuestas irregularidades en los acuerdos urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento de Marbella con la sociedad Marina Mariola, el primero en abril de 1995, de cesión de excesos de aprovechamiento, el cual fue modificado posteriormente en junio de 1997, generando otro exceso distinto.
En sus conclusiones provisionales, fiscal sostiene que desde la llegada al poder del Grupo Independiente Liberal (GIL), los responsables municipales elegidos, con Jesús Gil al frente, “que casi inmediatamente dejó de firmar cualquier documento para no comprometerse en las ilegalidades que sabía se sucederían”, gestionaron el patrimonio público “en su propio beneficio”.
Así, en el escrito inicial, se precisa que Muñoz, como regidor accidental, fue “persona de confianza durante algunos años para firmar decretos, convenios y escrituras en nombre del alcalde y del Ayuntamiento”; mientras que Roca era el “verdadero gestor de hecho en materia urbanística, desde un aparente segundo plano y con una contratación laboral”.
A nivel general, el fiscal señala que todos los implicados “creían tener coartada”: el alcalde, “porque no firmaba nada”; el regidor accidental “que no sabía lo que firmaba o confiaba en la legalidad”; el gerente, “que no tenía cargo público”; y los ediles, “porque no entienden de urbanismo”. “Y todos confiados en la impunidad que creían que les aseguraba la mayoría absoluta de los votos ciudadanos”, dice.
En esta causa también se acusa a un empresario, como responsable de la sociedad, esos pagos para poder trabajar con los ayuntamientos, “el de Marbella y probablemente de la mayoría de municipios”, les seguían “siendo muy rentables dado los altos porcentajes y márgenes de beneficio en la construcción a partir de los incrementos de los aprovechamientos”.
La acusación analiza los dos convenios; el primero no llegó a ejecutarse y el segundo recogía un incremento de la edificabilidad, lo que creaba un exceso de aprovechamientos que tasados, estima “los perjuicios causados a las arcas municipales en 4,7 millones de euros”.
“La ejecución del convenio mediante la construcción del edificio proyectado no se ajustaba en absoluto a las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1986”, dice la Fiscalía, apuntando que son 82 los inmuebles que componen el edificio, de los que 74 son viviendas que se vendieron y se habitaron, “pese a estar pendiente de concesión la licencia de primera ocupación”. Roca “negociaba personalmente o bajo su dirección todos los convenios” e “imponía en la Corporación los que habían de ser aprobados, con la connivencia de Julián Muñoz”.
