Poco convencidos están los grupos de la oposición de que el servicio de préstamos de bicicletas en bancada que ofrece el Ayuntamiento sea rentable para la ciudad, por eso, UPyD – Centrados en Segovia elevó al pleno una moción en la que solicitaba modificar la ordenanza reguladora de dicho servicio con el fin de suprimirlo.
La concejala Esther Bermejo instó al equipo de Gobierno, además, a crear un registro municipal de bicicletas para posibilitar la identificación de aquellas que se pierden o se roban y así poder recuperarlas. Además, pidió que se vendieran las bicicletas que no se ajusten al servicio, para intentar recuperar parte de la inversión.
Según los datos aportados por el Grupo Municipal Popular, el Ayuntamiento destina a este servicio miles de euros al año —en 2010, 34.000 euros; en 2011, 44.500; y en 2015, 30.000 euros— y, aunque el partido “está a favor de tener una movilidad sostenible y saludable”, dijo el concejal José Luis Huertas, está claro que este servicio “no ofrece ni rentabilidad social ni económica”.
El concejal de Tráfico, Transporte y Movilidad, Ramón Muñoz-Torrero, sin embargo, defendió que “nosotros estamos haciendo un esfuerzo en la reducción del coste del servicio y sí ofrece una rentabilidad social importante”. Por ello, dijo, el servicio no se suprimirá, ya que es utilizado por vecinos y visitantes. “Tenemos 40 bicicletas eléctricas, que han estado alquiladas toda la temporada”, explicó, añadiendo que la demanda ha sido más alta y “si hubiéramos tenido más, se habrían alquilado también”.
Respecto al registro, argumentó que Segovia pertenece a la Red de Ciudades Amigas de la Bici y dicha red ya tiene un registro en el que se controlan todas las bicicletas que hay en la ciudad, aunque no sea con medios propios. Por último, apuntó que las bicis viejas se desmontan y se utilizan sus piezas para arreglar las otras, por lo que no se pueden vender.
