Aunque últimamente los ánimos entre Ayuntamiento de Segovia y Junta parecían estar calmados, quizá por el calor estival, el alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, y el delegado territorial de la Junta en Segovia, Luciano Municio, que ayer asistían juntos al acto de apertura de la calle Jerónimo de Aliaga, vuelven a protagonizar un nuevo desencuentro, esta vez en torno al futuro instituto de San Lorenzo.
Si el pasado lunes el alcalde cuestionaba el trabajo de la Junta para impulsar el proyecto, al cumplirse un año de la ocupación de los terrenos por parte del Ayuntamiento, ayer el delegado territorial aseguraba que se está “trabajando correctamente”, aunque eludía fijar plazos para la aprobación del proyecto o el inicio de las obras.
A preguntas de los periodistas, Municio sostenía que la Consejería de Educación “está trabajando para definir el proyecto, estudiando las necesidades en Secundaria y Bachillerato que tiene Segovia”, y matizando que, en la actualidad, “ningún estudiante segoviano puede decir que tenga problemas para encontrar plaza”.
Sin plazos
El delegado territorial no quiso hablar de plazos, teniendo en cuenta “la situación económica y el hecho de que la Consejería de Educación tiene en estos momentos dos proyectos muy importantes en la capital, las ampliaciones de los colegios Peñascal y Diego de Colmenares, además de la construcción de un espacio polideportivo junto al Peñascal, en colaboración con el Ayuntamiento, y numerosos proyectos en la provincia”.
El futuro instituto de San Lorenzo se construirá en una parcela que ocupa 10.380 metros cuadrados de los 20.917 que tiene la Casa de Guardas, situada entre las calles Terminillo y Vía Roma, junto al Colegio Nuestra Señora de la Esperanza, y que le costó al Ayuntamiento 1,7 millones de euros, la cantidad acordada por la comisión de valoración del Juzgado de Expropiación como compensación para la empresa Navisa, anterior propietaria.
Tras ocupar los terrenos, en agosto de 2009, el Consistorio procedió a la inscripción de la parcela en el Registro de la Propiedad y en el Registro de Bienes Municipales, y al concluir estos trámites, el alcalde firmó un decreto para la cesión a la Junta de Castilla y León de los terrenos.
