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Muere una mujer tras arrojarse por el balcón antes de ser desahuciada

por Redacción
10 de noviembre de 2012
La coordinadora de Stop Desahucios Vizcaya

La coordinadora de Stop Desahucios Vizcaya

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Tan solo 20 días después de que un hombre se ahorcara en Granada la noche antes de ser desalojado de su casa, y 19 desde que otro intentara suicidarse en Burjassot (Valencia), una mujer, en Barakaldo (Vizcaya), se arrojó ayer por la mañana desde el cuarto piso donde vivía y del que iba a ser desahuciada horas más tarde, muriendo en el acto. Las dos víctimas de este drama tenían, aparte de su trágico final, algo en común: 53 años y trabajo. Una en el departamento de Recursos Humanos de la empresa de transportes públicos Bizkaibus y el andaluz en un kiosko.

La trágica muerte de Amaia Egaña, que así se llamaba la fallecida ayer, supone un punto de inflexión en el drama del incesante goteto de expulsiones de ciudadanos de sus propias viviendas; unos 160 diarios.

Según confirmó la portavoz de Stop Desahucios Vizcaya, Marta Uriarte, 24 horas antes habían recibido una petición de ayuda de la víctima, aunque no llegó a puntualizar que se enfrentaba a una orden de desalojo. Egaña vivía con su marido y su hijo de 21 años.

Tras este trágico suceso, representantes del Ministerio de la Presidencia y de Economía adelantaron a ayer -día festivo en Madrid-, los contactos para ultimar una propuesta encaminada a evitar los desalojos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, mantuvieron una conversación telefónica en la que acordaron acelerar «al máximo» las conversaciones entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición para buscar una fórmula legal.

Almuerzo de trabajo

Después de que el pasado miércoles ambas compartieran un almuerzo de trabajo y acordaran pactar «cuanto antes» una reforma legal contra este drama social, volvieron a hablar para tratar de aligerar los trabajos iniciados.

También dialogaron durante la tensa jornada la secretaria de Economía del PSOE y coordinadora de los tres expertos nombrados por los socialistas para abordar el tema, Inmaculada Rodríguez-Piñero, y el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, encargado por su parte de la coordinación de los elegidos por el Gobierno para estudiar la citada reforma legal.

Como, desgraciadamente suele pasar, la tragedia es la que hace que la normativa y los políticos reaccionen. Así, un problema que llevaba años enquistado desde Zapatero se va a solventar en unos días.

Así, el Gobierno está ultimando una propuesta de período de carencia para evitar desahucios entre los colectivos más vulnerables, después de que se haya producido un contacto «urgente e inmediato» entre Presidencia y Economía tras el suicidio de Amaia. El líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, adelantó que espera que el lunes pueda anunciar la paralización de los desalojos de las personas que estén en una situación más precaria.

Cobijo para los débiles

Lo que parece claro es que, una vez que los más débiles sean amparados por el Estado, queda por delante un trabajo jurídico difícil. De este modo, el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, abogó por establecer nuevas fórmulas, con el objetivo de poner fin a los desahucios, entre las que defendió la ampliación de plazos para pagar la hipoteca; flexibilizar las condiciones de la misma o implantar un alquiler con una renta social en la misma vivienda en la que residen los afectados para evitar que la tengan que abandonar.

Además, el dirigente conservador recalcó que la solución no es que las familias afectadas por los impagos entreguen su casa como dación de pago a las entidades financieras, teniendo en cuenta que muchos de los afectados no tienen otro piso en el que vivir.

El popular también apostó por que los responsables de Consumo de las regiones lleven a cabo arbitrajes entre los afectados por los impagos de la hipoteca y los bancos, con el objetivo de que éstos «no tengan la sartén por el mango».

En este sentido, dio ejemplo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que llegó a un acuerdo con Bankia que evitará que se quede sin casa Carmen Omaña, una vecina que llevaba cinco días en huelga de hambre frente a una sucursal tras ser echada de su vivienda.

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