El exdirigente etarra Francisco Javier López Peña, alias Thierry, falleció ayer en Francia tras sufrir un derrame cerebral. Fue uno de los más destacados jefes políticos de la organización criminal de la última década, y suya fue la decisión de dinamitar la negociación entre la banda y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante la tregua iniciada en marzo de 2006. La extensa documentación incautada tras su arresto en mayo de 2008 en la ciudad gala de Burdeos propició la detención de decenas de terroristas y la desarticulación de aparatos clave del entramado en los años sucesivos.
«Le dije que si se rompían las negociaciones, se iba a pasar la vida en cárcel y él me contestó que si se acababa el diálogo me fuese comprando seis corbatas negras para asistir a funerales». Con expresiones como ésta recordaba a Thierry, el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, uno de los emisarios del Ejecutivo en las negociaciones con la banda. López Peña fue el encargado de dirigir la representación de ETA en aquellos contactos tras desplazar al histórico Josu Ternera.
Nacido en Galdácano (Vizcaya) en 1958 y conocido con los alias de Bartolo, Zulos, Pierre, Marcel y, finalmente, Thierry, participó en diciembre de 2006 por primera vez como interlocutor de la banda. También estuvo presente en el último encuentro con el Ejecutivo en mayo de 2007. Semanas después, decidió volver oficialmente a los atentados el 5 de junio de 2007, poniendo fin a aquella tregua de 439 días de duración en los que se produjo el atentado en la T4 de Barajas, que costó la vida a dos ciudadanos ecuatorianos el 30 de diciembre de 2006. Huido durante un cuarto de siglo (desde 1983), fue detenido en Burdeos junto a tres de sus colaboradores: Ainhoa Ozaeta, Igor Suberbiola y el exparlamentario de Batasuna Jon Salaberría. Al frente de la dirección de ETA, mantuvo un fuerte enfrentamiento con el entonces responsable de comandos, Txeroki.
Gracias a la documentación intervenida, fue posible el arresto de más de una veintena de terroristas desde el 20 de mayo de 2008 y el desmantelamiento de estructuras claves que acentuaron la debilidad de la banda, obligándola a decretar el cese definitivo de sus acciones armadas.
En el operativo en el que se detuvo a López Peña, se le incautaron de numerosa información, la mayoría minuciosamente encriptada en tres portátiles. Precisamente, la razón de que el arresto de López Peña no se tradujese en un mayor número de detenciones inmediatas se debió a las dificultades con las que se toparon -aún hoy- las autoridades galas a la hora de analizar esos datos. Eso sí, pasará a la historia por haber denunciado las actas que implicaban a los socialistas, que negaron haber dialogado tras el atentado de la T-4.
La primera vez que los papeles intervenidos fueron claves para una operación contra ETA fue en junio de 2009 cuando la Guardia Civil abortó un plan de fuga en la cárcel de Huelva el 13 de junio de 2009. La banda planeaba sacar a Jorge García, condenado por un intento de atentar contra el Rey en Palma en 1995, y a Igor Solana, miembro del comando Andalucía.
