Exteriores admitió ayer por primera vez haber cometido errores en la gestión de la crisis de Aminatu Haidar. El responsable del Ministerio, Miguel Ángel Moratinos, reconoció que su colega marroquí, Taib Fassi Fihri, le informó de la expulsión de la activista saharaui para ponerle sobre aviso de su llegada a Lanzarote. Madrid no reaccionó, a pesar de conocer los hechos y que la mujer carecía de visado.
En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Moratinos, que aseguró que la decisión de Rabat de impedir la entrada al país de Haidar el pasado 14 de noviembre fue «política y no administrativa», informó también de que, después de la primera comunicación, hubo una segunda cuando la activista ya estaba volando rumbo al aeropuerto de Arrecife. Según el ministro, esto corrobora que «el Gobierno no creó esta crisis y no fue cómplice», y que actuó por «criterios humanitarios».
El dirigente socialista transmitió estas explicaciones después de que los grupos parlamentarios de la oposición expresaran sus sospechas de que el Ejecutivo dio orden a la Policía de Lanzarote para que dejara entrar a la saharaui, como ella dejó constancia en su denuncia en la comisaría del aeropuerto canario.
El titular de Exteriores pidió que se dé credibilidad a la versión del Gabinete sobre la de la activista respecto a que se cumplió la ley y las Fuerzas de Seguridad actuaron correctamente, sin instrucciones del Gobierno.
«Puedo respetar los testimonios de la señora Haidar, declaraciones que valen lo que valen, son legítimas, son las suyas, son subjetivas. Yo les voy a trasladar la versión del Ejecutivo, con la misma subjetividad, pero con el apoyo de la legitimidad del Gobierno y la sinceridad del ministro de Exteriores», afirmó.
Moratinos hizo hincapié en que la Policía obró «bien, con la ley en la mano» y permitió la entrada de la activista por tener tarjeta de residencia legal en España.
«Les he narrado toda la verdad del proceso», resumió el ministro, quien recordó que el piloto del avión que trajo a la activista de El Aaiún a Lanzarote «asumió su responsabilidad» y dio el visto bueno al traslado.
Apostilló que «cualquier Ejecutivo de España hubiera hecho lo mismo, mirando por la situación humanitaria de Haidar», porque también habría habido críticas si se la hubiese devuelto a la capital del Sáhara Occidental.
Tras conocer estas explicaciones, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró que las declaraciones de Moratinos demuestran que «hubo instrucciones políticas a la Policía de fronteras e incluso al piloto para que aceptaran la deportación ilegal» de la activista. «Ya conocemos el nombre y apellidos del responsable y ha llegado la hora de que se vaya a su casa en vez de crearle líos a España», exclamó.
Según el político conservador, queda en evidencia que «una vez más» este Gobierno es un «tramposo y mentiroso» y que «utiliza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a su antojo para endosarle conductas manifiestamente ilegales cada vez que es pillado in fraganti».
