El aluvión de críticas recibidas por el titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a raíz de su visita del martes a Gibraltar, considerada por muchos una intolerable traición a más de tres siglos de lucha para recuperar la soberanía del Peñón, obligó ayer al ministro a levantar una nueva muralla dialéctica para justificar un gesto mal acogido por casi todos los que insisten en defender que España tiene pleno derecho a recuperar de manera inmediata el control de la colonia.
A falta de mejores argumentos, el socialista se limitó a reclamar «paciencia» y confianza en la política del Ejecutivo hacia Gibraltar que, supuestamente, pretende crear las condiciones que permitan la recuperación total de la soberanía y «ganarse el corazón y la mente» de los llanitos para que lo acepten.
Moratinos, que se olvidó de sus propias críticas cuando algún miembro de la familia real británica ha visitado la Roca, sí quiso hacer hincapié en la defensa «irrenunciable» de la soberanía que realizó ante su colega británico, David Miliband, y el ministro principal de la Colonia, Peter Caruana, en la rueda de prensa posterior al Foro de Diálogo. Así, presumió de su «valentía» al gritar «¡Gibraltar español!», un gesto que, dijo, ha sido reconocido por «muchos medios internacionales objetivos».
Respecto a cuál podría ser la salida al contencioso, Moratinos comentó que «puede haber muchas soluciones», aunque sugirió que la de la fórmula de una soberanía compartida que el anterior Gobierno del PP estuvo a punto de pactar en 2002 no sería la ideal, aunque el PSOE la apoyara en su día.
Con tal precedente, el jefe de la diplomacia sostuvo que «cuando se dilapidó la mitad de la soberanía» de la mano de los populares, los socialistas fueron «leales», por lo que reclamó que ahora se brinde al Ejecutivo un respaldo similar.
«Ayer -por el martes- no renunciamos ni un milímetro a nuestra reivindicación, pero, en cambio, avanzamos kilómetros en lo que puede ser un diálogo y una cooperación que nos puede abrir la puerta a una solución definitiva», razonó antes de considerar que el apoyo de los gibraltareños es imprescindible, por que «si en el siglo XXI no tenemos el respaldo de la ciudadanía, ya sea en España, Gibraltar o Reino Unido, difícilmente cualquier acuerdo diplomático puede tener sostenibilidad». A su entender, los españoles «tienen que empezar a comprender» esta realidad y también el hecho de que las recetas aplicadas en «los siglos XVIII, XIX y XX», como el cierre de la Verja (que se produjo entre 1969 y 1985), no dan resultados.
«Con el aislamiento y el enfrentamiento es muy difícil ganarse el corazón y la mente de los gibraltareños; tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que convencer y que haya una solución favorable a todas las partes. Si se ha esperado 305 años, merecería la pena conceder un poco de paciencia a un Gobierno que ha iniciado una política diferente, pero que no ha aparcado ninguno de los principios», concluyó.
Frente a tales acusaciones de deslealtad, los discípulos de Mariano Rajoy insistieron en que la foto de Moratinos junto a su colega británico y al jefe del Gobierno gibraltareño rompe tres siglos de reivindicaciones y concede a la colonia «categoría de Estado».
A juicio del diputado popular José Ignacio Landaluce, la «paciencia» que recomienda el jefe de Exteriores solo favorece las aspiraciones de independencia de los gibraltareños. Semejante «traición» merece, a juicio del líder del PP andaluz, Javier Arenas, que se plantee «la reprobación» de Moratinos, al menos en el Parlamento de la región sureña.
Las críticas no llegaron solamente desde la formación conservadora, sino que UPyD mostró igualmente su disconformidad con el Gobierno por no haber consensuado con ningún partido la estrategia política adoptada con respecto al Peñón y por no mostrar «firmeza» ni exigir «gestos concretos» al Reino Unido para resolver el problema de la soberanía y la jurisdicción de las aguas.
Tras considerar «incongruentes y carentes de consenso y solidez» los argumentos del jefe de la diplomacia, la formación liderada por Rosa Díez acusó al socialista de haber «olvidado defender el principio de legalidad internacional».
