Palabra de Montoro. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aseguró ayer a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que no tiene «la menor intención» de bajar los sueldos de los empleados públicos locales, aunque se mantiene la previsión de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) puedan limitar posibles subidas de cara al futuro.
Así se expresó el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, tras una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). Según sostuvo, el andaluz fue «claro y rotundo» sobre un asunto que ha generado gran revuelo en los ayuntamientos de todo el país.
Y es que fuentes de Hacienda explicaron que se prevé incluir en los PGE una «horquilla salarial» para los funcionarios, de manera que se aproximen las nóminas entre unos y otros, muy dispares.
Esta previsión viene recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y es una posibilidad. «Se verá», se limitó a decir Beteta: «Es muy pronto». No le falta razón pues no será hasta septiembre cuando el Gobierno central tenga que enviar su propuesta a las Cortes.
Mientras, el presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, alcalde de Santander y del PP, explicó que el Ejecutivo quiere limitar los crecimientos que en el futuro se puedan aprobar para unos funcionarios u otros, pero no solo los locales, recalcó, sino los de todas las Administraciones.
Pero la polémica no estaba ahí, por mucho que diferentes agentes sociales y partidos, como el sindicato CSI-F, mostraran su molestar y diera por hecho nuevos recortes.
Así, los servicios públicos competencia obligatoria de los municipios «que no sean eficientes», es decir, que tengan un coste superior al adecuado, que se calcula que son unos 5.900, pasarán a ser prestados por las Diputaciones provinciales durante cinco años, en los que podrán adecuar sus gastos para cumplir con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Hacienda ve, por ejemplo, como un valor referencia para los servicios municipales obligatorios el alumbrado, el cementerio, la recogida de residuos y el abastecimiento de agua potable. A través de ésta y otras medidas contempladas en la reforma local, como la eliminación de duplicidades, se pretende alcanzar un ahorro global de 7.129 millones de euros. Para el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, se quiere privatizar todo y el texto es «confuso».
También se subraya en el informe que maneja el Gabinete Rajoy que el 92 por ciento de los consistorios de menos de 5.000 habitantes son «ineficientes», algo que negó rotundamente De la Serna: «La evolución de los ayuntamientos durante los últimos años ha sido espectacularmente significativa, tal y como demuestra el hecho de que 3.800 hayan cerrado el ejercicio 2012 con superávit». Así, «los datos macroeconómicos determinan que la situación nada tiene que ver con un baremo basado en un coste aún no definido».
Pese a que el cántabro quiso mandar un mensaje de tranquilidad a miles de alcaldes y concejales de pueblos pequeños, lo cierto es que el Gobierno los tiene en su punto de mira, ya que la máxima es clara, como no se cansa de repetir Génova: Una Administración, una competencia.
