El Gobierno aprobó el reparto del remanente del FLA del año 2014, un total de 7.889 millones de euros que se repartirán entre las autonomías que lo han solicitado y que por primera vez impone condiciones específicas a una de ellas, Cataluña, para asegurar el destino del dinero que se le facilita y evitar que se paguen “veleidades independentistas”. El Ejecutivo autonómico recibirá 3.034,84 millones de euros de esa cantidad total.
Así lo anunciaron la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Montoro aseguró que hasta la fecha el Gobierno está seguro de que ni un euro prestado a Cataluña se ha desviado del fin previsto, pero que “las circunstancias políticas” obligan a Hacienda a un mayor control.
Las razones que han llevado al Ejecutivo a dar este paso son las declaraciones de dirigentes catalanes abriendo la puerta a no cumplir la ley y a no pagar las deudas contraídas, por ejemplo, con las farmacias. También, la bajada de calificación de la deuda catalana por las agencias y la ocultación de 1.300 millones de déficit de 2014 que se ha conocido ahora.
Montoro subrayó que las cuentas de la Generalitat no están intervenidas con estas medidas, que son sólo controles adicionales que no se hubieran aprobado de ser otro el panorama político catalán. “No es admisible que nadie dedique un euro a una actividad que no tiene amparo legal ni constitucional”, afirmó.
A lo largo de la legislatura, entre el plan de pago a proveedores, el fondo de liquidez autonómica y los nuevos fondos de facilidad financiera, la Generalitat ha recibido del Estado 52.962 millones de euros, casi el 30 por ciento del total repartido entre todas las comunidades y entidades locales desde 2012, que son 185.000 millones de euros.
El desembolso de los nuevos 3.034 millones que va a recibir la Generalitat será por tramos y “en función del cumplimiento” de las condiciones impuestas a Cataluña.
Por un lado, el interventor de la Generalitat deberá emitir un certificado mensual sobre la ejecución del Presupuesto autonómico (Generalitat y todos los organismos), para tener constancia de que los gastos que se van realizando “no contravienen el ordenamiento jurídico”. El Estado va a prestar “el amparo necesario” a los funcionarios “para la ejecución de estas medidas”, aseguró Montoro.
El Ejecutivo exige además la conexión telemática de la Generalitat con el punto general de entrada de facturas, creado este año y en el que se registran las facturas emitidas por todos los proveedores de todas las administraciones públicas adheridas. De esta manera, se podrá seguir el recorrido de cada una de ellas hasta asegurarse realmente de que ha sido pagada con ese dinero facilitado a la Generalitat. Además de estas condiciones, las operaciones de endeudamiento del gobierno catalán se aprobarán por parte del Ejecutivo de una en una.
