El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió ayer al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol de que tiene intención de “llegar hasta el final” para investigar la fortuna que tuvo en el extranjero y actuar por la vía administrativa y la judicial, porque a la vista de las informaciones conocidas no puede descartarse “que se hayan cometido uno o varios delitos”.
“Si creía que pidiendo perdón públicamente se hacía borrón y cuenta nueva se equivocaba de pleno”, dijo Montoro, añadiendo que la obligación del Ministerio es perseguir el fraude fiscal lo cometa quien lo cometa, e independientemente de su poder “económico, mediático o político”. Así, actuará en todos los frentes para que “nada ni nadie quede impune”.
Ante la Comisión de Hacienda del Congreso, donde compareció ayer para hablar de este caso y de la evolución general de la lucha contra el fraude fiscal, el ministro se refirió al caso de Pujol como “uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos de España”.
Y precisó que si puede hablar del caso es porque, al igual que sucedió con el extesorero del PP Luis Bárcenas, es porque el interesado ha hecho pública su situación tributaria, de modo que “no buscan el amparo de confidencialidad” que ofrece a los ciudadanos la Ley General Tributaria.
Montoro aseguró que daría una “respuesta sólida y contundente” a este asunto y defendió que la lucha contra el fraude fiscal, que tachó de “vergonzante y deleznable”, es una “prioridad” para el Gobierno.
Además, desveló que el Gobierno había dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que se persone en los procesos judiciales abiertos a miembros de la familia Pujol para que la actuación de la Agencia Tributaria pueda estar presente en los procedimientos judiciales y no sólo en los administrativos.
También confirmó que el expresident no se acogió a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno en 2012: “El expresidente no presentó declaración tributaria especial”, afirmó ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.
Montoro adelantó a los parlamentarios que no podría dar mucha información de las investigaciones de la Agencia Tributaria a la familia Pujol, pero abrió la puerta a que el Parlamento correspondiente crease una comisión de investigación y le reclamase mayor volumen de información.
Reconociendo que le gustaría poder hablar con “menos cortapisas legales” sobre algunos asuntos tributarios, también dijo que podría hacerse una “reflexión” sobre la posibilidad de modificar la Ley General Tributaria, que establece obligación de confidencialidad, para el caso de ciudadanos de “relevancia”.
En todo caso, sí confirmó algunas de las investigaciones a la familia Pujol Ferrusola en las que colaboró Hacienda, entre ellos una entre 2000 y 2002 en la que estaba involucrada a una empresa del Ibex 35. Se refirió también a la colaboración del servicio de vigilancia aduanera en el caso de las ITV y la investigación de posibles operaciones en Estados Unidos, Suiza, Argentina, Reino Unido, Holanda, México, Luxemburgo y Andorra.
Montoro aludió así a algunas informaciones publicadas en los medios de comunicación, y argumentó que cuando una personalidad pública no desmiente lo que se publica sobre ella y tolera incluso “la infamia” no se puede permitir “pedir a los demás más respeto que el que se profesan a sí mismos”.
El ministro no dio más datos concretos en su intervención, pero sí hizo un alegato muy duro contra el expresidente de la Generalitat, empezando por decir que si regularizó su fortuna no fue por un “acto de conciencia repentino”, sino porque la investigación de Hacienda, las fuerzas de seguridad y los tribunales estaban haciendo “saltar por los aires” lo que tenía oculto.
Es más, avisó a Pujol de que el fraude fiscal “no se expía con una carta novelada” y de que su supuesta voluntad de colaborar “no es creíble”.
