El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, confirmó ayer que el Gobierno trabaja para incluir en los Presupuestos de 2018 una deducción en cuota en el IRPF para reconocer los “costes inherentes” cuando las personas alcanzan una edad “muy avanzada”, como los referidos a la discapacidad, y avanzó que dará un “tratamiento financiero adecuado” al Tercer Sector en las nuevas cuentas públicas y aprobará el desarrollo reglamentario de la Ley de Contratación del Sector Público.
Así lo confirmó Montoro en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la jornada ‘Los compromisos sociales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público’, organizada por la Fundación ONCE, en la que señaló que el Gobierno está trabajando en incentivos fiscales para los pensionistas, con la finalidad de incluirlos en los Presupuestos de 2018 que espera aprobar antes de Semana Santa.
Montoro explicó que la “idea” del Ejecutivo es aprobar una deducción en el IRPF para reconocer que cuando una persona alcanza una edad “muy avanzada” hay unos “costes inherentes” a la misma, al haber unos costes por dependencia mayores. “Esa es la idea que también llevaremos próximamente a la ley del IRPF”; precisó.
Así, Montoro detalló que trabaja en una deducción en cuota por edad en el IRPF para los mayores, si bien no aclaró a partir de qué edad, aunque insistió en que la intención es reconocer los costes inherentes a las personas de edad avanzada.
El titular de Hacienda, que recordó que el IRPF ya contempla deducciones en la cuota por discapacidad o por tener personas a cargo con discapacidad, ya adelantó esta medida el pasado mes de noviembre, cuando anunció que la rebaja del IRPF prevista para 2018 y pactada con Ciudadanos incluiría a contribuyentes “con cierta edad” como un reconocimiento a modo de “prima fiscal”.
También avanzó que en próximas fechas se aprobará un real decreto para el desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Contratos del Sector Público y que trabaja en los Presupuestos de 2018 para conseguir un “tratamiento financiero adecuado” a las instituciones del Tercer Sector y las ONGs.
SUPERÁVIT AUTONÓMICO
Asimismo, Montoro explicó que el Gobierno está promoviendo una habilitación legal para que, al igual que en 2017 los ayuntamientos pudieron utilizar a través de los Presupuestos parte de su superávit en inversión financieramente sostenible, puedan ahora llevarla adelante ante la falta de unas nuevas cuentas públicas.
Tras reunirse con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, en la que los ayuntamientos pidieron poder usar el superávit de 5.000 millones de las administraciones locales, Montoro ha indicado que el objetivo es conseguir que el concepto de “inversión financieramente sostenible” sea “más amplia” del aplicado en ejercicios anteriores y pueda contemplar algunas compras de bienes relacionados con seguridad ciudadana, prestación de servicios públicos fundamentales para calidad, bienestar ciudadanos y servicios sociales en determinados ámbitos.
“La intención del Gobierno es que las corporaciones locales utilicen la totalidad de la inversión financieramente sostenible que ponemos a su disposición”, ya que la actual no fue utilizada, señaló.
