La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó este miércoles que si finalmente decae el estado de alarma el 9 de mayo, intención que mantiene el Ejecutivo según adelantó este martes el presidente Pedro Sánchez, serán «las comunidades autónomas las que pongan en marcha las medidas de restricción de movilidad» que consideren necesarias y que marca la legislación ordinaria de Sanidad y las actuaciones coordinadas del Consejo Interterritorial de Salud.
«Significa que acabarían las medidas generales, pero lo que no acabaría nunca es la competencia que tienen las CCAA para delimitar medidas de seguridad que pueda pensar en poner en marcha en su territorio», explicó Montero tras insistir en que los cierres perimetrales podrían desaparecer dependiendo de la incidencia de la COVID-19 en cada territorio.
En una entrevista en RNE, Montero confirmó la intención del Ejecutivo de no prorrogar el actual estado de alarma. Además, explicó que cuando decaiga también decaerían las medidas generales, como el toque de queda, pero insistió en que cada Comunidad puede poner en marcha las medidas de seguridad que considere oportunas para evitar la propagación del virus, siempre que no se vulneren los derechos fundamentales.
Este planteamiento requeriría un contacto entre Gobierno y Comunidades, ya que la Junta de Castilla y León adelantó el pasado 15 de enero el toque de queda a las 20.00 horas y el Gobierno recurrió a esta decisión, que finalmente fue suspendida por el Tribunal Supremo. Además, la vigencia del estado de alarma es la que permite que se tomen decisiones como las del cierre perimetral o la limitación del toque de queda.
De esta manera, solo se podrían establecer medidas ordinarias por razones de salud pública, como la regulación de horarios en hostelería, comercio o gimnasios, siempre y cuando no afecten a los derechos fundamentales.
En ese sentido, la ministra afirmó que si no hay ninguna incidencia se puede continuar con la cogobernanza con las CCAA para que cada uno en su marco establezca los límites de restricción, «que no podrán afectar a los derechos fundamentales salvo que los tribunales así lo decidan».
