Por mucho que el patrimonio de los controladores apenas cubriría una ínfima parte del perjuicio que causó su huelga salvaje y aunque ni siquiera esté claro que los bienes particulares deban responder por un desacato laboral, el Gobierno siguió avanzando un día más por la senda del populismo para proclamar que el daño provocado por el caos aéreo «lo deben pagar los profesionales que abandonaron sus puestos de trabajo, y no todos los españoles». Además, los socialistas trataron de culpar de la crisis al PP, de modo que la ministra de Defensa, Carme Chacón les acusó de ser responsables de la rebelión al haber aprobado en su día el convenio laboral más «leonino» y «abusivo» de la historia.
Asimismo, la catalana anunció que su Departamento tiene previsto «habilitar» a un «número determinado» de controladores militares para que puedan operar en «determinados puestos» civiles ante situaciones de carácter «excepcional». «No se trata -recalcó- de que sustituyan a los civiles, sino de que éstos hagan su trabajo».
Por su parte, el titular de Fomento, José Blanco, proclamó que «no acepta chantajes» del gremio rebelde y que está dispuesto a aplicar «todas las medidas que le permite el Estado de derecho» para que no se repitan situaciones como la de hace dos semanas.
La batería gubernamental la completó el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, quien sostuvo que lo sucedido el pasado día 3 fue un «sabotaje» y no una huelga, de modo que deberían ser los controladores quienes respondan a título personal.
Jáuregui, que hoy subirá de nuevo a la tribuna para defender la solicitud del Gobierno para ampliar hasta el 15 de enero el estado de alarma y la consiguiente militarización del espacio aéreo, no quiso, por considerarlo demasiado precipitado, hacer una cuantificación, ni siquiera aproximada, del montante de los daños.
Sí dio una cifra la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo, que anunció que reclamará unos 100 millones de euros a AENA como compensación por sus pérdidas.
Por supuesto, esa cantidad no cubre todos los quebrantos, ya que no incluye el perjuicio ocasionado a los cientos de miles de viajeros que debieron quedarse en tierra y cuyas denuncias tramitan diversas organizaciones de consumidores y que la Audiencia decidió ayer acumular en un solo proceso.
Mientras tanto, el PP registraba un escrito en el Congreso pidiendo al presidente de la Cámara, José Bono, que exija al Gobierno información adicional sobre los argumentos en los que fundamenta la ampliación del estado de alarma para que así la oposición pueda conocerlos antes de la votación de hoy. En función de cuál sea el contenido de esos informes jurídicos que baraja el Ejecutivo, los populares se opondrán a la medida o la respaldarán.
También quisieron curarse en salud los propios controladores mediante un manifiesto que suscribió el 85% de los casi 2.400 profesionales del ramo, que dicen comprometerse a no realizar una nueva huelga y a garantizar el tráfico aéreo siempre que el Gobierno levante un estado de alarma que, de creerles, no estaría ya justificado.
