Primero fue la ITV para garantizar el buen estado de los vehículos. Después la ITE, la inspección a la que deben someterse los edificios con más de 40 años, y ahora el Certificado de Eficiencia Energética, que deberán contar todas las viviendas y locales que se pongan a la venta o alquiler.
A partir del 1 de junio el propietario que quiera vender o, en su caso, arrendar una vivienda o un local comercial deberá disponer de esta etiqueta informativa destinada a los futuros compradores o inquilinos. Sería un informe que, a modo de etiqueta, similar a la que ya muestran los electrodomésticos, indique el consumo energético de la vivienda, local comercial u oficina.
En consecuencia, el certificado será obligatorio para todo edificio, vivienda o local que vaya a ser vendido o arrendado. También es exigible a los edificios de nueva construcción. Asimismo, se deberán certificar también los locales comerciales. Sólo se exceptúan los edificios industriales y los locales que tengan menos de 50 metros cuadrados o que se alquilen por menos de 4 meses.
Según la Asociación Española para la Calidad de la Edificación esta certificación afectará a unos dos millones de viviendas en toda España. En Segovia todavía no hay un cálculo sobre el número de inmuebles que se ofrecen hoy en venta y en alquiler y que, en consecuencia, deberán obtener este certificado para incorporarlo al contrato de compra o arrendamiento. Solo en la capital, el portal inmobiliario líder «idealista.com» publicita 700 viviendas en venta y otras 400 en alquiler. Las delegaciones en Segovia de los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros industriales no se atreven a dar cifras, aunque coinciden en que en la capital y provincia segoviana serán miles las viviendas y locales que precisarán este certificado, siempre en el caso de que su propietario quiera ponerlas a la venta o alquiler.
En España ya era obligatoria le certificación energética para edificios de nueva construcción desde 2007. Sin embargo, la Unión Europea, que persigue que se reduzcan en el continente las emisiones de CO2 a la atmósfera, ha forzado a España a dar un paso adelante para cumplir con la directiva Europea (Directiva 2002/91/CE) que ya se aplica en el resto de los países de la Unión. A este respecto, el pasado 13 de abril el BOE publicó la normativa ( Real Decreto 235/2013) sobre el procedimiento básico para la Certificación de La Eficiencia Energética de los edificios. Con el nuevo Real Decreto se integra en un solo texto la regulación de la certificación energética de edificios de nueva construcción y de edificios existentes que vayan a ser objeto de venta o alquiler. Según este Real Decreto, a partir del 1 de junio de 2013, todas las viviendas en venta o alquiler en España deben poseer un certificado de eficiencia energética, siendo exigible para los contratos de compraventa o arrendamiento.
La normativa establece que pueden expedir los certificados los ingenieros industriales, los ingenieros técnicos industriales, arquitectos y arquitectos técnicos, según señala el presidente de la delegación en Segovia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales (COIIM), Luis Alberto López Muñoz. «Un ingeniero industrial proyecta y dirige instalaciones eléctricas, de calefacción y refrigeración, por lo que está altamente cualificado para realizar certificaciones energéticas», subraya López Muñoz, que representa en Segovia a 64 profesionales, seis de ellos especializados en la elaboración de esta certificación, mientras que existen otros cinco más en la provincia de Ávila. Se trata de un número de ingenieros «suficiente», a juicio de López Muñoz, que admite que la normativa también autoriza a realizar estos informes a los arquitectos y arquitectos técnicos. «La aparición de este Real Decreto abre una línea de trabajo a profesionales relacionados con el sector de la construcción y la edificación», añade.
El certificado permitirá determinar la calidad de la vivienda desde un punto de vista de ahorro energético. La etiqueta energética clasifica los edificios desde la A (Favorable) a G (Desfavorable). A este respecto, López Muñoz indicó que un comprador de una vivienda nueva que compre sobre planos y en donde se le presente, por ejemplo, una calificación tipo C. Si, posteriormente, el edificio construído obtiene una clasificación tipo D «esta sufriendo un perjuicio que deberá ser compensado por el vendedor». Asimismo, para el caso de un comprador de una vivienda existente, la información que le ofrece el certificado de eficiencia energética de la vivienda le sirve para comparar la calificación obtenida con otras viviendas que sean de su interés. «Una vivienda puede tener un buen aspecto y, sin embargo, una calificación energética mala, el arrendatario o comprador puede tomar una determinación más fácilmente», afirma López Muñoz.
El presidente de COIIM Segovia sostiene que «un buen certificado permitirá detectar donde se producen los gastos innecesarios en instalaciones debidos a malas condiciones de la vivienda o instalaciones, permitiendo al propietario aumentar la calidad de la vivienda que desea vender o alquilar». «Los inquilinos o nuevos propietarios podrían beneficiarse de ahorros de hasta el 31%», señala el representante de los ingenieros segovianos.
El certificado tiene una validez de 10 años, por lo que su repercusión anual es muy baja. A juicio del representante de los ingenieros, los potenciales ahorros a obtener superan con creces el coste del certificado. «No será muy caro, el certificado rondará los 300 euros», afirma. Lo cierto es que se prevé una dura competencia. «Estamos en un mercado libre, no creo que haya conflictos entre los profesionales, hay cuatro tipos de técnicos», afirma.
López-Muñoz explica que no tener el certificado implica una infracción en materia de consumidores y usuarios, así como una infracción en materia de certificación de eficiencia energética. Las sanciones pueden ser de hasta 600.000 euros, en función su gravedad. Puesto que la etiqueta energética debe incorporarse a toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o alquiler, se podría sancionar a propietarios o a inmobiliarias.
El presidente de COIIM de Segovia no cree que a partir del 1 de junio se produzca una avalancha de peticiones para obtener el certificado energético, aunque «es algo que los propietarios deben tener ya en consideración e ir planificando, sobre todo esas viviendas que se alquilan en Segovia para los estudiantes». A juicio de López Muñoz el certificado energético afectará sobre todo al mercado de alquiler, en tanto que «ya no hay construcción nueva y las ventas de las de segunda mano también se han reducido».
