El exministro socialista Miguel Sebastián ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón personarse como acusación en el ‘caso Tándem’ que investiga las actividades presuntamente ilícitas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y en particular, en la pieza 9, relativa al espionaje que habría perpetrado para el BBVA y que le habría perjudicado, según informan fuentes jurídicas.
De acuerdo a las grabaciones y la documentación difundida el pasado enero por Moncloa.com y El Confidencial, Miguel Sebastián habría sido uno de los espiados en 2004 por Villarejo siguiendo un encargo de la entidad financiera de parar el ‘asalto’ a su consejo de administración que estaba fraguando la constructora Sacyr, en teoría, en connivencia con el Gobierno que presidía entonces José Luis Rodríguez Zapatero.
“El examen de todos los materiales hasta ahora conocidos pone de manifiesto que estamos ante unos hechos especialmente graves que, de resultar finalmente probados, podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española”, dice el escrito registrado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que recoge toda la sucesión de informaciones que se han venido publicando sobre la llamada ‘Operación Trampa’.
Según expone, “se habrían utilizado recursos del BBVA para la defensa de posiciones internas de poder en perjuicio de los accionistas minoritarios” y “las unidades operativas contratadas de forma encubierta para acometer las indicadas tareas de espionaje y reconstrucción falsaria de la realidad, estarían coordinadas y tendrían una estrecha relación con personas pertenecientes a cuerpos policiales y de seguridad del Estado, lo que les habría permitido acceder a informaciones privadas y reservadas especialmente protegidas”.
“Si fue posible intervenir, como indiciariamente acredita la documentación y los archivos de audio publicados, la línea telefónica oficial de nuestro representado, entonces Secretario de Estado con sede en el Complejo de la Moncloa ¿Qué garantía del derecho a la intimidad pueden esperar los hombres y mujeres el común y, en particular, aquellos que han depositado en la entidad bancaria datos personales sensibles?”, plantea la defensa de Miguel Sebastián.
El escrito recuerda que en este caso, además del espionaje, las informaciones apuntan a que “se fabricó por encargo un falso relato acerca de su vida personal con el solo propósito de desacreditarle ante los demás y crear un contexto intimidatorio dirigido a torcer su voluntad”.
La defensa del exministro expone ante el juez que frente a esto, ni se ha adoptado “una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar” de personas “presuntamente implicadas” que siguen en el BBVA ni la entidad se ha puesto en contacto o se ha “disculpado públicamente” con Sebastián.
“Esta opacidad y pasividad en la respuesta, unida a los hechos anteriormente descritos que, sin perjuicio de su definitiva calificación jurídico-penal, son indiciariamente delictivos y atribuyen a Miguel Sebastián la condición de persona ofendida por el delito/os, justifica y legitima su personación como acusación particular”, expone.
