El pasado 23 de febrero, miles de personas se manifestaron en Valladolid para defender la permanencia de los Centros de Educación Especial. Manifestaban su rechazo al proyecto de reforma de la LOE que promueve la ministra Celaá. A esa misma iniciativa se han sumado todos los grupos con representación en las Cortes regionales, con la abstención de IU. La propuesta, presentada por el procurador de Ciudadanos, se opone al intento de implantar el que llaman modelo “plenamente inclusivo” (El Adelantado, 24/02/2019). De llevarse a cabo esta nueva amenaza a la educación del partido socialista, quedarían desprotegidos miles de alumnos en todo el país; serían privados de una ayuda necesaria para su desarrollo humano e intelectual. La falta de sensibilidad es de tal magnitud que ha provocado la movilización de más de 100 asociaciones en toda España, respaldadas por más de 244.000 firmantes.
Quizá la gente se pregunte, por qué un gobierno socialista con tanta inquietud social (dicen) promueve una medida tan antisocial. ¿Cómo es posible que quieran privar a personas discapacitadas de algo tan necesario? Es bien conocida la eficacia de esos Centros Especiales y las familias de los alumnos avalan su buen funcionamiento. Entonces…, ¿hay detrás algún interés particular? Tal vez, ¿obedece a un principio ideológico o beneficio político?
La explicación hay que buscarla en la burocracia intervencionista de la ONU. Parece ser que un “Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” (CDPD) ha elaborado un documento. Los redactores, que se califican de “expertos”, cuyo nombre no consta en el escrito, han resuelto que el sistema de Educación española no es “inclusivo” (así, como lo leen). Y, a la ministra le ha faltado tiempo para ponerse a las órdenes del comité. Habrá quien dude del conocimiento real de esos burócratas. Lo harán, sobre todo, las propias familias que luchan día tras día por el bienestar de los afectados. Una vez más, somos víctimas de la mentalidad aldeana de nuestros políticos (la anterior fue la implantación del deplorable plan Bolonia en la universidad). Hoy día, muchos desconfían de la eficacia de la ONU para defender los derechos humanos, no sólo en educación. Tienen motivos al ver que su Secretario general, Antonio Guterres, se pone de perfil frente a la dramática situación de los venezolanos que sufren al tirano Maduro y sus narcogenerales.
Es lamentable la falta de sentido crítico del ministerio que preside Celaá, al atribuir más rigor a los informes que redactan “expertos” (a tanto la página), que a las familias españolas de los afectados. El gobierno se debe ante todo a los ciudadanos. Es de sentido común y va en el cargo conocer de cerca a las personas que pueden ser gravemente perjudicadas. Es fácil manifestarse a favor de la paz universal y de la humanidad, mientras se ignora las necesidades particulares de la gente. Todo el mundo está de acuerdo que la mejor educación (especial, o no) es una educación que atienda a cada alumno o alumna según sus capacidades.
Cualquiera entiende que quienes necesitan ese tipo de ayuda en Centros Especiales no están segregados. Sencillamente, requieren una educación a su medida, que no podrían tener si se incluyen en la misma aula con otros alumnos que no lo necesitan. ¿Quiere la ministra privar a esos estudiantes del desarrollo humano e intelectual que precisan? Por qué no se ocupa este Gobierno, todavía presidido por el polémico doctor Sánchez, de evitar la segregación que existe desde hace tiempo en las aulas catalanas, donde no se puede estudiar en la lengua española (desquiciante anomalía). Ignoro si se ha pronunciado algún organismo de la ONU sobre ese flagrante atropello a los derechos humanos, que el gobierno socialista y en particular el ministerio de Celaá permite.
No se trata aquí de regular las condiciones sanitarias de los alimentos o de otro asunto de interés industrial. Hablamos de personas y de su dignidad. Y eso debería ser un asunto de la máxima importancia para un Estado de derecho. La calidad de una democracia se mide por la protección que reciben las personas que más lo necesitan. Para un autentico experto, el profesor de Harvard Richard Parker, la Constitución “es el instrumento que sirve para proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos”. Por cierto, sorprendería a mucho racionalista engreído, lo que puede aprender de esas personas y de sus familias, y que nunca encontrarán en ningún informe sobre educación “inclusiva”.
