El Gobierno de México ha anunciado este martes el rescate de cerca de 600 personas, entre ellos 462 menores, de un albergue social ubicado en la ciudad de Zamora, en el estado de Michoacán, tras denuncias de que los jóvenes sufrían maltratos, abusos sexuales y psicológicos, vivían entre plagas y se les alimentaba con comida en avanzado estado de descomposición.
En un operativo coordinado de forma conjunta por el Ejército mexicano y la Policía Federal ha sido detenida Rosa Del Carmen Verduzco, fundadora y directora de la casa hogar ‘La Gran Familia’, que opera desde hace mas de 40 años en dicho país, junto a otros ocho empleados de la citada casa hogar, que están siendo interrogados por un presunto delito de privación ilegal de la libertad.
Tal y como han informado el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y el gobernador del estado de Michoacán, Salvador Jara, en el edificio se mantenía cautivos a 596 personas en total, “desde bebés hasta adultos de 40 años”, en concreto, había seis bebés entre los rescatados.
La investigación
La denuncia de cinco padres de familia fue el primer aviso a las autoridades, que posteriormente tomarían declaración a varios testigos de la zona que aseguraron que Verduzco y sus empleados impedían a los menores y adultos internados salir de las instalaciones de centro, de acuerdo con la información del diario mexicano ‘El Universal’.
“Se obligaba a los infantes a pedir limosna por las calles, y a todos se les mantenía con comida en mal estado, incluso en estado de descomposición y putrefacción, además de que se les obligaba a dormir en el suelo, entre plagas de diferentes bichos, por lo que fue totalmente necesario fumigar las instalaciones para poder realizar las diligencias pertinentes”, ha denunciado el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Malas condiciones
Tras el registro, Jara se declaró consternado porque no se esperaba las condiciones en las que se encontraron las personas allí recluidas. “Efectivamente, más de 500 niños en muy malas condiciones. Solicité al procurador que continúe con las investigaciones, y el estado por supuesto estará ayudando en todo momento para que esto llegue a buen término. No podemos permitir en ningún lugar, ni en Michoacán ni de la República, que ocurran estas cosas”, declaró.
Una joven que declaró ante PGR, aseguró que quiso salir del lugar al cumplir 18 años, pero que estuvo privada de su libertad 13 años más y le llegaron incluso a quitar a las dos hijas que tuvo estando dentro.
