Mientras en el Congreso de los Diputados se clama por acuerdos, en las Cortes de Castilla y León se fraguaron hasta cuatro en una misma sesión. La fotografía del último pleno, ante la sorpresa de algunos, fue de unidad contra los desahucios, por los derechos e igualdad de las personas con discapacidad o por la reforma de la PAC. Para unos es lo que piden los ciudadanos y para otros hay en ellos más de «banalidad y humo que de realidad». Rajoy y Herrera cuentan con holgadas mayorías absolutas, pero el primero se queda en soledad en la Cámara y el segundo consigue respaldo en muchos de los que presenta. Sin embargo, esta imagen ‘pactista’ no deja de suscitar recelos en sectores socialistas que ven en ella una estrategia que condiciona su labor opositora.
El último pleno fue un ejemplo. A los acuerdos ya cerrados sobre el proyecto de ley de igualdad de oportunidades para discapacitados y la posición para la reforma de la PAC, se sumaron un pacto de mínimos sobre las tasas en educación y la primera propuesta conjunta para paliar el desahucio. Sólo dos puntos del orden del día se quedaron fuera de la tónica general, retirada de la ley Wert y las preferentes bancarias.
Sin embargo, el clima de consenso ya se vio un día antes. El portavoz socialista, Óscar López, tomó la palabra con una oferta de plan para el crecimiento y el empleo. «Tenemos diferencias, pero somos capaces de sentarnos a negociar», afirmó. Esta propuesta, no obstante, no es nueva y ya la hizo el secretario autonómico del PSOE, Julio Villarrubia, en su primera visita al presidente de la Junta. «Señor López, sabe que esa disposición la tiene», respondió Herrera.
En el horizonte de la estela de posibles acuerdos están el empleo, el modelo territorial y el plan de población. Herrera y López ya coinciden en el fondo: hay que adoptar medidas de estímulo, no basta sólo con austeridad. Los socialistas quieren que el nuevo margen de déficit (0,7 al 1,2 por ciento en 2013) e incluso otro mayor, hasta un posible 2 por ciento que pide la Junta y apoya la oposición, se destine a la creación de empleo.
Entonces qué camino puede recorrer esa expresión mutua de voluntades. La Junta no desvela nada. El trabajo no se somete a un «Gran Hermano televisivo», respondió el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, que no rechazó que hablen de ello, de manera discreta, como gusta al presidente, igual que sobre el modelo territorial. En este último caso, existe un reconocimiento público de conversaciones. Entre los populares creen que si el PSOE cumple el pacto firmado en octubre no presentarán enmienda a la totalidad.
Más difícil parece un acuerdo en las políticas de población, a pesar del cambio de tono. El socialista Julio López y el consejero De Santiago-Juárez abogan por abrir un nuevo tiempo y dejar la «acritud», pero en el PSOE piensan que para trenzar algo más tendrían que reconocer unos «malos datos» en la evolución demográfica.
Mientras en el Congreso y Senado el PP se ha quedado sólo con su propuesta contra los desahucios, en las Cortes se acordó una iniciativa. Herrera ha conseguido, a través de una propuesta de su grupo, que PSOE, IU y UPL respalden el Servicio Integral, modelo al que antes se unieron agentes sociales y onegés. «No podíamos oponernos a una iniciativa que llega con el apoyo de las fuerzas sociales», confesó la socialista Ana Redondo. José María González lo dijo de otra manera: «Apoyamos un parche, pero cómo digo a los electores de IU que me opongo».
El acuerdo no fue fácil y requirió conversaciones en los pasillos de las Cortes. Los populares dieron protagonismo a IU por entender que es referencia de estas políticas en la izquierda. El popular García Vicente, que llevó las negociaciones, reconoce una batalla entre ambas formaciones por «ver quién es más de izquierdas». Carlos Fernández Carriedo, portavoz parlamentario del PP, también ve más coherencia en la propuesta de la coalición. El PP incorporó a su texto dos puntos de IU y uno del PSOE. Los socialistas se tuvieron que sumar a la pinza para no quedar fuera.
La pregunta es por qué aquí se producen consensos y en Madrid no. Carriedo introduce dos elementos: los asuntos que van a las Cortes son razonables y la cultura de los pactos políticos, institucionales y económicos en la trayectoria de la Comunidad.
Ana Redondo no oculta su preocupación por la «realidad virtual» que se traslada a la ciudadanía y defiende que el consenso tiene que ir acompañado de plazos para ver sus frutos. Como ejemplo se refiere al carbón y pregunta qué se ha hecho y para qué ha servido la resolución unámine aprobada en las Cortes. La Junta y el PP ofrecen, según la socialista, un «mundo ideal», al que reconoce que se suma la oposición y otros agentes. «No existen desahucios, ni desigualdad, ni plan de empleo, después de los acuerdos», sostiene.
El PP ha llevado a las Cortes políticas que «no tienen aristas», relativas a derechos de colectivos desfavorecidos, evitar desahucios, mejorar la PAC o las instituciones de la Comunidad. En opinión de Carriedo, es difícil que la oposición pueda decir no a esas materias. Castilla y León da una imagen de unidad ante la crisis, pero el beneficio es para quien gobierna, estiman en las filas socialistas, porque consideran que el PP mantiene sus posiciones y sólo recoge algunos matices de la oposición.
En la Junta y en el PP se valora como algo que está en el ADN de su trayectoria, opinión no compartida entre los socialistas, ya que en algunos sectores no se ve con entusiasmo y genera dudas sobre la utilidad para su labor opositora al Ejecutivo la estrategia de acuerdos con la que arrancó la etapa de Villarrubia y que ha impulsado como seña de identidad.
