Finalmente, tras 24 horas de receso para que su abogado estudiara unas nuevas grabaciones inculpatorias que el juez dio a conocer el martes, el ex presidente de Baleares Jaume Matas comenzó ayer a declarar como imputado en el caso Palma Arena, que investiga las irregularidades cometidas durante la construcción de un velódromo en la capital balear, cuyo coste excedió en 60 millones de euros lo presupuestado.
Durante su testimonio, el también ex ministro de Medio Ambiente, que debe responder asimismo por su enriquecimiento personal y de la supuesta financiación ilegal del PP en la anterior legislatura, negó su implicación y descargó todas las culpas en el que fuera director general de Deportes del Gobierno balear entre 2003 y 2007, José Luis Pepote Ballester.
Según la versión del popular, toda la responsabilidad en la toma de decisiones durante la construcción de la instalación correspondió a dicho subordinado, hasta el punto de que, afirmó, él ni siquiera conocía a Jorge Moisés, el gerente del complejo, también imputado.
Esta versión es del todo contrapuesta con la aportada hace unos días por la actual eurodiputada y ex vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Rosa Estarás, que explicó al magistrado que el ex presidente era el principal «interesado» en el avance de las obras del velódromo y le responsabilizó de las decisiones fundamentales en el avance de aquel proyecto.
Matas, que en la actualidad está completamente desvinculado de la política y reside en EEUU, también sostuvo que la polémica contratación de los arquitectos del Palma Arena -presupuestado en 48 millones de euros y con un coste definitivo de 110-, primero Ralph Schürmann y posteriormente los hermanos García-Ruiz, fue tomada por Pepote Ballester.
Tales palabras no solo fueron puestas en entredicho por Estarás, sino que también Dulce Linares, que fue directora de gabinete de Matas, afirmó en su declaración judicial que las decisiones sobre la obra se adoptaban siempre «previa consulta» con el antiguo líder autonómico.
Antes de abordar el asunto del Palma Arena, el juez interrogó al popular sobre el llamativo incremento de su patrimonio, que el acusado atribuyó a sus «ingresos y rentas familiares».
Con respecto a la compra en 2005 por parte de su amigo Bartomeu Reus, ex presidente de Gesa-Endesa, de un piso de lujo en el barrio de Salamanca de Madrid, que ha empleado asiduamente la familia del ex ministro y que el juez cree que en realidad pertenece a Matas, de modo que Reus actuó como un mero testaferro, Matas negó tales extremos.
También salió a colación durante la mañana otra vivienda situada en la mallorquina Colonia de Sant Jordi, presuntamente adquirida por la madre del imputado por unos 200.000 euros.
Papel protagonista desempeñaron asimismo las conversaciones telefónicas suyas grabadas por orden judicial en los últimos meses como parte de una pieza secreta, que salieron el martes a la luz por primera vez durante el interrogatorio de su cuñado, Fernando Areal, y que serán recurridas por la defensa del político por considerar que las charlas están protegidas por la confidencialidad entre cliente y abogado y violan su derecho a la defensa. De ahí que, en los momentos en que el juez citó los pinchazos telefónicos, Matas simplemente se negó a contestar.
Esa misma fue la actitud de la esposa del ex presidente, Maite Areal, que se acogió a su derecho a no declarar y que solo permaneció en la sala de vistas durante cinco minutos escasos.
Sí respondió al juez el citado Reus, quien sostuvo que Matas le traspasó la titularidad del piso de la capital española en 2003, ya que «no le interesaba» tener la propiedad de la vivienda después de ganar las autonómicas de ese año. Así, el ex conseller de Obras Públicas explicó que, en un principio, el cuñado de Matas, que gestionaba las rentas inmobiliarias del ex presidente, pagó 100.000 euros como anticipo por el inmueble, pero luego le pasó el contrato a él.
