La encuesta llevada a cabo por Segovia Opina establece que más de la mitad de los segovianos (54,31 por ciento) cree que bares y discotecas ocasionan ruidos, aunque también hay un porcentaje importante (45,05 por ciento) que opina lo contrario.
Como implicados en el problema los ciudadanos señalan fundamentalmente a los empresarios de los establecimientos hosteleros. En su opinión, los propietarios de este tipo de locales no hacen todo lo que tienen en sus manos para evitar el ruido. Esta es la percepción del 65,50 por ciento de los encuestados.
En Segovia son muchos los bares que no están acondicionados para evitar los ruidos producidos, sobre todo por la música, y son numerosos los ciudadanos que residen en zonas de bares los que han mostrado sus quejas ante las administraciones.
Además, la concentración de establecimientos de caracter hostelero provoca también ruidos derivados de la entrada o salida de los clientes, o de la reunión de muchos usuarios a las puertas de los locales.
En España, según los datos del INE, el 35 por ciento de la población española sufre en su vivienda algún tipo de ruido molesto del exterior. La Ley del Ruido consideró en 2006 por primera vez la inmisión sonora en el hogar, es decir, la cantidad de ruidos que llegaban al interior de la casa y no las fuentes sonoras individualizadas. El Gobierno fijó los umbrales diarios de ruido para viviendas, hospitales y colegios.
Un 56% de los encuestados critica el papel de las administraciones
Los ciudadanos encuestados critican la permisividad de las administraciones con bares y discotecas en cuanto a los niveles acústicos que se pueden alcanzar en sus establecimientos. Un 55,59 por ciento de los segovianos considera que las administraciones competentes no hacen todo lo posible para evitar esos ruidos.
El mapa de ruido constituye la fotografía de lo que sucede día a día en la ciudad y refleja los niveles de contaminación acústica que sufren sus habitantes. Es la herramienta indispensable para la aprobación de los planes de acción, que debían estar listos antes del 18 de julio de 2008 para ciudades de más de 250.000 habitantes, y comunicados a la Comisión Europea a principios de 2009. Ninguna ciudad ha remitido los planes de acción, y por tanto no hay medidas para reducir la exposición a los niveles de ruido.
