Piedras y tomates lanzaron algunos manifestantes contra el salón municipal, donde se desarrollaba un pleno el 28 de octubre de 1988, para protestar contra la construcción de una nueva cárcel en el municipio. La oposición capitalizada por una coordinadora de ciudadanos consiguió reunir ese día a más de 2.000 personas en la Plaza Mayor.
El Consejo de Ministros había dado luz verde al proyecto días antes y los grupos políticos se mostraban en desacuerdo a una “macrocárcel con capacidad para más de 1.000 reclusos”. A pesar de todo, la licencia municipal terminó concediéndose, aunque para un centro de 350 plazas. Cuatro años después, en 1992, el diputado popular Javier Gómez Darmendrail alertaba de que un Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios del Gobierno socialista ampliaba su capacidad a 1.230 plazas.
Este diputado comentaba ayer que la oposición —la concentración de 1988 fue la mayor hasta entonces en Segovia— fue radical porque los ciudadanos no entendían la razón de este tipo de infraestructuras “en una ciudad Patrimonio de la Humanidad y con poca población reclusa, porque Castilla y León se estaba convirtiendo en receptora de presos”. El diputado considera que el tiempo ha dado ha dado la razón a los opositores al centro.
Por su parte, Julián Duque, presidente de la la AIHS a finales de los noventa, recuerda también la incertidumbre que existía entonces en cuanto al número de internos que iba a acoger el nuevo centro y la oposición del sector de hostelería. “No había circunvalación, no había AVE, no había Palacio de Congresos y nos preguntábamos ‘¿qué hemos hecho los segovianos?”. Una década después de la entrada en funcionamiento del centro, Duque se encuentra entre los empresarios que valoran los puestos de trabajo creados y reconoce que la seguridad ciudadana no se ha disparado.
