El expresidente de la Generalitat Artur Mas aseguró ayer que la sentencia del Tribunal de Cuentas que obliga a él y nueve exmiembros de su Govern a abonar a la Generalitat 4,9 millones de euros por la organización del proceso participativo del 9N es una venganza y una aberración, pero remarcó: “Nos ha hecho daño, pero no nos da miedo”.
En rueda de prensa en el Palau Robert junto a los exconsejeros Irene Rigau, Francesc Homs y Joana Ortega, el expresidente aseguró que afrontan la sentencia con firmeza y serenidad, y remarcó que si alguien piensa que se van a “hundir” se equivocan.
Así, recordó que la encargada de la sentencia es la exministra Margarita Mariscal de Gante, del Gobierno de José María Aznar, por lo que poco podían esperar de su imparcialidad, e ironizó que el tribunal parece más un “tribunal de ajuste de cuentas”, como ha renombrado a la sala.
En esa línea, afirmó que la sentencia juzga hechos políticos y no contables recordando que el delito de malversación no llegó a juicio en la vía penal y sostuvo que el fallo del tribunal “sigue los dictados que se hicieron desde el PP”. Además, cuestiona que la magistrada ya tenía la resolución en la cabeza, para lo que ha forzado y se ha saltado la normativa, y recordó que la Generalitat no les reclama nada.
El expresidente, que agradeció las muestras de apoyo, subrayó que la sentencia del Tribunal de Cuentas puede ser un “aviso a navegantes” para aquellos que intenten seguir consultando a la ciudadanía, y reiteró que seguirán apoyando a aquellos que estén en primera línea del proceso soberanista.
Asimismo, remarcó que fueron sensibles a organizar una consulta sobre el futuro político de Cataluña, y que lo hicieron con “convicción, coherencia, sentido democrático y buen servicio a la democracia y Cataluña”, reiterando que lo volverían a hacer.
Artur Mas afirmó que es consciente de que un proceso como el que vive Cataluña tiene “daños colaterales”, que se intentan minimizar, y dijo que entre estos figuran gente en prisión preventiva, otra que se encuentra en el extranjero y otra que irá a juicio.
Por ello, remarcó que se trata de “intentos de destrucción personal”, pero aseguró que continuarán con la cabeza alta al considerar que no cometieron ningún pecado ni delito con el proceso participativo del 9N, y el exconsejero Francesc Homs afirmó que lo recurrirán ante el Tribunal de Cuentas.
Mas recalcó que la cifra final de la sentencia puede llegar a los 5,2 millones, ya que se deben sumar los intereses, y recordó que ya pusieron como fianza sus hogares, que en caso de acabar mal el proceso podrían acabar subastados para que “la Generalitat, que no reclama nada, recupere un dinero que no se ha malgastado”, lo que calificó de paradójico.
