Más de 80 municipios de la provincia de Segovia sufrieron daños de distinta consideración tras las intensas y continuas lluvias caídas durante la pasada semana, que se sumaron al rápido deshielo de la nieve acumulada en la Sierra de Guadarrama y a los desembalses realizados en estos días.
La Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia ha decidido solicitar al Gobierno de España que se declare toda la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en estos municipios. También lo hará la Junta de Castilla y León en su reunión del Consejo de Gobierno de hoy posiblemente.
En base a la Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y que desarrolla el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, que regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, los miembros de la Junta de Gobierno de la Diputación han votado para que el Gobierno central lleve a cabo esa declaración.
En su decisión insta a la Administración central a establecer el procedimiento para la concesión de ayudas y solicita se adopten las medidas de apoyo en favor de las entidades locales, empresas y de los particulares afectados por las inundaciones en la provincia de Segovia.
Desde la institución provincial se apela al interés general, y en beneficio de las entidades locales, pero también de los propios vecinos y de la institución provincial.
En el acuerdo, la institución provincial también insta a la Junta de Castilla y León para que apoye esta solicitud ante el Gobierno de España, y pide a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que, de manera urgente, dote de presupuesto y ejecute la limpieza y conservación de los cauces públicos, además de proceder a la revisión y adecentado de los mismos en todos los municipios de la provincia de Segovia.
Siguiendo las reclamaciones de los alcaldes, desde la Diputación se responsabiliza a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y al grupo empresarial Naturgy, por la gestión de la presa situada en Burgomillodo, cuyo desembalse provocó la crecida del río Duratón “causando numerosas inundaciones, tanto en los municipios como en la red viaria provincial”.
A esto hay que añadir el fenómeno de la nieve en el nordeste de la provincia, que llegó a provocar la paralización y embolsamiento de vehículos en la Autovía del Norte (A-1) el viernes 19.
“Si a estas circunstancias climatológicas adversas, se le une que gran parte de estas inundaciones y riadas se agravan por la nula conservación y mantenimiento que la Confederación Hidrográfica del Duero hace de los ríos, arroyos y regatos, y que cuando los ayuntamientos pretenden remediarlo, son denunciados por el propio gestor de cuenca; el resultado es la acumulación de numerosos daños en carreteras provinciales y en infraestructuras municipales, provocando también numerosos perjuicios importantes a empresas y particulares, en más de 80 pueblos de la provincia”, resume la Diputación.
Entre los municipios más afectados se encuentran Aguilafuente o Lastras de Cuéllar, donde el sistema de abastecimiento de agua potable se vio alterado al enturbiarse con lodos la zona donde se obtiene el agua para consumo humano.
Los daños en los caminos y en caceras han sido los más habituales en toda la provincia, así como el derrumbe de algunos muros o los desprendimientos de laderas.
En Caballar, el agua entró en cuatro viviendas y en las instalaciones municipales de las antiguas escuelas, donde ahora se encuentra el bar del pueblo.
También se vio afectado el pabellón polideportivo de Valverde del Majano, y el salón municipal de Bernuy de Coca. Se inundó el cementerio de Remondo, y las piscinas municipales de San Miguel de Bernuy y las de Cabezuela.
La entrada del agua en propiedades privadas fue muy abundante en la localidad de Cantimpalos, en Carbonero de Ahusín, Carrascal del Río, Martín Muñoz de las Posadas, Pinarnegrillo, Urueñas, o Valdevacas y El Guijar. La piscifactoría de Fuentidueña también se vio perjudicada por la crecida del río Duratón.
De este modo, las quejas de los alcaldes de la provincia se suman a las que emitió el regidor de Segovia, José Mazarías, sobre el desembalse del Pontón Alto, que estuvo a punto de inundar la Casa de la Moneda, y que obligó a los bomberos a achicar agua para evitar daños mayores.
POLÉMICA
Con estas protestas se encendió la polémica y el enfrentamiento entre la CHD y los regidores y representantes de las Diputaciones de Segovia, Valladolid o Ávila, que han acusado a la administración de cuenca de mala gestión hídrica.
Aunque la mayoría de los incidentes de estos días no tuvieron consecuencias personales, sí son muchos los daños materiales.
El servicio de emergencias del 1-1-2 de Castilla y León gestionó 273 incidentes a causa de la borrasca ‘Juan’. En concreto, 100 de esos avisos fueron por nevadas y 173 por problemas de otra índole.
La Junta de Castilla y León continúa evaluando el alcance exacto de los daños y las medidas que se pueden tomar para paliarlos, según explicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
En una intervención pública, el consejero reconoció ser consciente del “malestar” que existe entre muchos alcaldes de la Comunidad por la gestión que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) hizo del temporal que azotó en los últimos días a gran parte de la región. Ante eso cree necesario “repensar y reevaluar” lo ocurrido para poder “aprender de los errores”.
Para el consejero, lo más importante es actuar “con la mayor de las diligencias a la hora de gestionar los avisos para que no pillen por sorpresa a los ayuntamientos” así como agilizar “al máximo posible” la limpieza de los cauces y los ríos. “Entiendo que la CHD está en ello y hay que intentar que sea suficiente como para evitar ese malestar que hemos detectado”, aseguró Suárez-Quiñones.
Pese a todo, el consejero quiso insistir en la dificultad que entraña la gestión de un temporal de tales dimensiones. “No es fácil tomar decisiones en base a previsiones que a veces se desbordan, otras veces se cumplen y otras quedan por debajo”. “Recibiremos varios informes que se han requerido para poder hacer una evaluación más precisa y estudiar qué normativa se puede aplicar y qué medidas tomar”, aseguró Quiñones que hizo referencia a la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil por la que se puede establecer la declaración de zonas gravemente afectadas, así como al Real Decreto 307/2005 por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión. “Es responsabilidad de la Junta saber exactamente cuál es la situación y cuáles son los daños. Las decisiones se tomarán con datos y seriedad”, remarcó.
