Más de 300 personas han participado este 1º de mayo en la manifestación convocada por CCOO y UGT en la provincia para reivindicar mejoras laborales y sociales, recorriendo el centro de la ciudad, desde la avenida del Acueducto hasta la Plaza Mayor en un ambiente festivo.
Los secretarios generales de ambos sindicatos en la provincia, Manuel Sanz (UGT) y Alex Blázquez (CCOO), encabezaban, entre otros, la manifestación y fueron también ellos quienes se repartieron al final, ya en el quiosco de música de la elipse, la lectura de un manifiesto conjunto que con el lema ‘Primero las personas’, incide en exigir empleo de calidad y, por lo tanto, en reclamar la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, en una sociedad justa y cohesionada para todos a través de la derogación de la reforma de pensiones de 2013, un plan de choque por el empleo de calidad, la reforma del Estatuto del Trabajador Autónomo, un plan contra la explotación laboral o un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros a partir de 2020.
Precisamente sobre este último, Sanz indica que, al igual que en la negociación colectiva, las dos centrales sindicales creen que ningún salario debe estar por debajo de los 1.000 euros.
Indica que la puesta en marcha del SMI de 900 euros por el Gobierno de Pedro Sánchez está implantada con normalidad en la provincia, al menos en los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, aunque reconoce que hay situaciones irregulares en el colectivo de empleadas del hogar, donde o bien las familias no han comunicado la subida o directamente se han reducido las horas de trabajo.
“Se tiene que hacer un frente común y una campaña de asesoramiento desde la Administración porque, aunque sabemos de la dificultad de la Inspección de Trabajo que no puede acceder a los domicilios particulares, hay que corregir esta situación en uno de los colectivos más perjudicados por la crisis económica”, sostiene.
Antes de la lectura del manifiesto se guardó un minuto de silencio por un trabajador, afiliado de UGT, que ha fallecido recientemente en Cuéllar en accidente laboral. Precisamente, el manifiesto de este 1º de mayo insiste en que haya tolerancia cero con la siniestralidad laboral.
Por otro lado, CCOO y UGT apuestan por un modelo de Estado que tenga en cuenta el derecho a una vivienda digna, donde se descriminalice el derecho de huelga o se derogue la posibilidad del rechazo de emigrantes en frontera.
Blázquez ha comentado que, tras los resultados del pasado domingo “esperamos que continúen los viernes sociales y que los partidos se den cuenta de una vez que la sociedad está harta de radicalismos, de mensajes de confrontación y que lo único que quiere es que lleguen las mejoras sociales”.
Desde UGT Sanz abunda en esas expectativas de cambio y de “giro social” porque considera que “es el momento de recuperar derechos” y que se revierta “todo el esfuerzo que ha supuesto la crisis con la precariedad consecuencia de la reforma laboral, que ha conseguido que la temporalidad y la precariedad primen”.
A nivel local
El secretario de UGT considera que “falta completar el cambio en otras administraciones” y cree que sería bueno “que en Castilla y León, después de 40 años de Gobierno del PP, cambien las políticas y se hagan otras de progreso que desarrollen derechos de trabajadores y trabajadoras”.
El responsable de Comisiones en Segovia por su parte recuerda que hay convocado un paro en la Administración autonómica para recuperar derechos como las 35 horas semanales y apunta a que a nivel local hay mucho por mejorar: “Hay ayuntamientos, como hemos denunciado otras veces, donde se dan las peores condiciones laborales y el otro día denunciamos las de la Residencia Asistida”.
Ayuda a domicilio
Al igual que en los últimos años, un numeroso grupo de trabajadoras de ayuda a domicilio se hizo notar en la manifestación para reivindicar que sus condiciones de trabajo siguen sin mejorar e incluso empeoran. María José González Marcos, secretaria del sector sociosanitario de UGT en Segovia, ha explicado que durante este 2019 en torno a 400 usuarios han dejado de recibir este año este servicio público porque la Diputación “está fomentando las prestaciones vinculadas”, lo que conlleva que los beneficiarios “queden desprotegidos y las trabajadoras cada día con más precariedad”.
Afirma González Marcos que de las 290 de la plantilla de la empresa adjudicataria, Claros, únicamente cuatro tienen jornada completa.
