Más de 30 expedientes para la instalación de nuevas granjas de porcino o para la renovación de algunas existentes se encuentran bloqueados en los despachos de las administraciones. Se trata de solicitudes ambientales que deben tramitarse, especialmente en la Consejería de Medio Ambiente, y que no salen adelante “por temor”, dado que se trata de un sector que está “criminalizado falsamente”.
Así lo denunció ayer en Segovia el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl), Miguel Angel Ortiz Latorre. Él participó en la asamblea anual de esta federación en la que se ha integrado la Agrupación de Porcino de Segovia (Aporse), que preside Raquel Conde, y que se celebró en la sede de la FES. “El gran problema que tiene hoy la producción porcina en Castilla León es la falta de la salida de los expedientes”, señaló Miguel Ángel Ortiz, quien atribuyó este atasco administrativo a que el sector “por desgracia está muy criminalizado, falsamente”. “Al criminalizarle tanto, hay gente que tiene miedo y ese miedo se traduce en: espérate por si acaso”.
Sin embargo, los productores defienden que el sector porcino representa “una de las patas que puede ayudar a paliar la despoblación de los pueblos de Castilla León”. A su juicio “crea riqueza, genera trabajo, y crea desarrollo en nuestros pueblos”.
En opinión de Raquel Conde, presidenta de Aporse, en la provincia de Segovia existían en septiembre más de 30 expedientes a la espera de ser resueltos, de modo que esa cifra ha ido creciendo hasta ahora. En Castilla y León, el número supera los dos centenares.
Los porcicultores pretenden que se tramiten y se autoricen si cumplen con la normativa. “Nosotros queremos seguir creciendo, hacerlo dentro de la norma y por lo tanto cumpliendo con la legislación”, añadió Ortiz.
Además recordó que el sector porcino “no está subvencionado”. “No estamos pidiendo subvenciones, al menos de momento; no estamos pidiendo que nadie nos ayude, sino que nos dejen trabajar y que nos dejen seguir con nuestros proyectos”.
INVERSIONES PARADAS
Teniendo en cuenta que cada cebadero de 3.000 plazas ronda el millón de euros de inversión, y que cada granja de 2.500 madres, -que es el tope que permite la ley-, requiere diez millones de euros; se puede calcular que los 30 expedientes que se han presentado, significan 150 millones de euros de inversión en la provincia de Segovia. Y mil millones si se contabilizan los proyectos pendientes en el conjunto de Casilla y León.
Otra de las reclamaciones del sector se refiere la necesidad de unificar reglamentaciones, ya que, según dijo Raquel Conde “Europa nos impone unas normas; el Ministerio, otras; Castilla y León, otra y luego, en cada provincia, dependemos del criterio de cada persona que tiene los expedientes”.
Los porcicultores aseguran que existen posibilidades de crecimiento pese a las dificultades que se imponen desde la Administración regional. En este sentido, y sobre la posibilidad de que hayan proliferado muchas explotaciones, la presidenta de Aporse, Raquel Conde aclaró que puede haber alguna comarca de la provincia que sí tenga el tope de carga ganadera, “pero hay otras zonas que no tienen granjas”. “Para eso existe una ley, con unas distancias a respetar, unos condicionantes… y eso no queremos que se salte bajo ningún concepto.
Porque somos los primeros interesados en que se cumpla la ley”. “Ahora hay proyectos que están a tres o cuatro kilómetros de la granja más próxima; o, por ejemplo el de un chico que va a perder la ayuda de joven incorporación; y no se puede venir al medio rural porque no se le están concediendo esos permisos”, lamentó. También apelaron al aumento de la superficie agraria que viene condicionada para implantar una explotación porcina, y que los ganaderos aportan como condicionante.
Desde Aporse defienden que continuamente se están llevando a cabo nuevas iniciativas por parte del sector para reducir al máximo la incidencia ambiental de las granjas de porcino. Así, Raquel Conde recordó que recientemente se ha presentado en Carbonero el Mayor un proyecto para construir una planta de biogás.
En este sentido, defendió que hay posibilidades de que se puedan implantar más granjas. Recordaron que en Segovia existe un índice de 85 cabezas de porcino por kilómetro cuadrado, frente a las más de 230 de Alemania, o 600 de Dinamarca. “No queremos llegar a las 300 pero, bueno, yo creo que desde 35 cabezas que tiene Castilla León hasta 100 cabe mucho”. “Tenemos mucho campo que abonar todavía”, resumió.
Importante incorporación a la agrupación regional
La reciente creación de Aporse, como agrupación provincial de productores de porcino, ha permitido su incorporación a la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl). Esta federación celebró ayer en Segovia su asamblea anual.
Con esta incorporación Feporcyl avanza en su objetivo de integrar a las nueve provincias de la Comunidad. “Contar con Segovia supone ya un enorme paso hacia adelante ya que es la provincia con más relevancia en el sector porcino de la Comunidad y una de las primeras del país”, destacó el presidente de la Federación, Miguel Ángel Ortiz.
La Asociación de Productores de Porcino de Segovia (APORSE), presidida por Raquel Conde, integra a más de la mitad de las empresas del sector que operan en la provincia. Las más de 20 asociadas generan unos 300 puestos de trabajo directos y más de 5.000 indirectos.
Segovia se suma así a Ávila, Burgos, Valladolid y a Soria en Feporcyl, que avanza en el trabajo realizado en los últimos años para impulsar el sector a través de la formación como vía para la profesionalización y la I+D+i.
En la asamblea se valoró la creación de la Mesa del Porcino como órgano institucional público-privado “que suponga un marco de trabajo a favor de la competitividad y desarrollo sostenible del sector”, para lo que se diseñará un plan estratégico.
Comienzo polémico del plan estratégico regional
Las organizaciones profesionales agrarias han expresado su malestar con la Consejería de Agricultura por no contar con ellas en la puesta en marcha de una mesa de trabajo que servirá para diseñar un plan estratégico para el sector del porcino.
De hecho, la organización ASAJA de Castilla y León ha presentado un recurso frente a la decisión de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de la Junta de Castilla y León, de constituir, la Mesa de Trabajo del Sector Porcino. Dicha mesa se constituyó bajo la presidencia de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez, y la forman las cooperativas y organizaciones sectoriales, “excluyendo expresamente a las organizaciones profesionales agrarias”.
ASAJA basa se recurso en que las mesas sectoriales están reguladas en la Ley Agraria de Castilla y León (Ley 1/2014 de 19 de marzo), y que tienen como finalidad “articular mecanismos de coordinación entre agentes implicados en la cadena de un determinado producto”, funcionando como “órgano colegiado de asesoramiento y consulta de la Administración en materias relacionadas con un determinado sector productivo”. El Artículo 190, relativo a la composición y funciones, establece claramente que entre sus componentes han de figurar las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) más representativas en el ámbito de la comunidad autónoma. De este modo afirman que la Consejería de Agricultura “va de torpeza en torpeza en su relación ordinaria con las organizaciones profesionales agrarias, como también lo hace con otros agentes sociales y económicos, y que en este caso, además, ha puesto de manifiesto que sus responsables políticos son unos incompetentes que hasta desconocen la legislación sectorial más elemental sobre los temas de su competencia”.
ASAJA ha pedido que, mientras se resuelva el recurso, la Mesa constituida ayer paralice sus funciones. También, la organización agraria anuncia que si el recurso no se resuelve de forma favorable, se presentará un recurso contencioso administrativo para que sea la justicia quién resuelva.
También la Alianza UPA-COAG ha denuncia que la constitución de la Mesa de Trabajo del sector porcino “vulnera la normativa regional en materia de interlocución con el sector agrario, por lo que exige al consejero de Agricultura que rectifique y proceda a convocar la Mesa del Porcino ajustada a derecho”.
Según un comunicado de ambas organizaciones, este hecho constituye una “flagrante violación” del papel que la normativa otorga a las organizaciones profesionales agrarias como “legítimas” representantes de los intereses generales del sector.
Además, desde la Alianza UPA-COAG se preguntan si el mensaje que quiere lanzar la Consejería de Agricultura va en la misma línea de desmantelar la interlocución con el sector agrario, “como ya está haciendo la Junta en el Diálogo social respecto de los sindicatos de clase”.
Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural salió al paso de estas críticas y pidió no confundir su reunión con el sector porcino con la actividad de los órganos consultivos, como las mesas sectoriales, y añadió que tampoco supuso la conformación de un grupo de trabajo. De hecho, señaló que se buscaba “habilitar un espacio de diálogo” para escuchar las distintas propuestas o iniciativas. “La citada reunión buscaba habilitar un espacio de diálogo para escuchar las distintas propuestas o iniciativas de los agentes implicados como otros encuentros similares que se celebrarán con otros agentes para buscar esas mismas propuestas”, explica Agricultura, quien añade que su política pretende “satisfacer los intereses y escuchar a los distintos agentes y obtener su máxima participación en la búsqueda de las mejores soluciones”. Por ello, la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez, se reunió con distintos agentes del sector porcino, dice la Consejería.
