Más de 200 documentos filtrados al diario estadounidense ‘The New York Times’ revelan que el Partido Comunista chino, por orden del secretario general y presidente del país, Xi Jingping, ordenó la aceleración de una campaña de represión contra más de un millón de integrantes de minorías étnicas, con los musulmanes uigures a la cabeza, bien a través de su encarcelamiento o de su ingreso forzado en campos de concentración.
Expertos de Naciones Unidas y activistas denunciaron hace un año que al menos un millón de uigures y miembros de otras minorías étnicas o religiosas habían sido recluidos en centros clandestinos de Xinjiang.
El Gobierno de Pekín reconoce la existencia de estos centros pero sostiene que no son lugares de detención sino de “reeducación” para combatir el extremismo y que el ingreso en ellos es voluntario.
Atentados
Clave en la intensificación de esta política acelerada, según los documentos, fue el ataque perpetrado en abril de 2014 por milicianos una estación de ferrocarril de Kunming, en el suroeste de China que costó las vidas a 31 personas y dejó más de 140 heridos, seguido de un segundo atentado perpetrado en Urumqui que dejó al menos 39 muertos y 94 heridos.
Según los documentos recogidos por el ‘NYT’, el presidente chino pronunció “una serie de discursos secretos” que culminaron “en la ofensiva de seguridad que se puede ver ahora en la región de Xinjiang”, hogar de los uigures y epicentro de estos campos.
Los textos de cuatro de estos discursos, nunca publicados, se encuentran entre los documentos de la filtración. En uno de ellos, pronunciado ante la Policía antiterrorista de Urumqi después del ataque a cuchillo inicial, el presidente chino explica que “los métodos actuales son muy primitivos y no sirven contra los machetes, las hachas y las armas de frío acero que blanden los separatistas”.
De hecho, la ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch denunció que las autoridades chinas están recurriendo a una aplicación de telefonía móvil para efectuar “detenciones arbitrarias y vigilancia ilegal masiva” sobre la minoría uigur.
De hecho, Human Rights Watch asegura que consiguió, en este sentido, reproducir la aplicación que las fuerzas de seguridad emplean para identificar a la población uigur ante la llamada Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas, una base de datos que identifica y señala a personas potencialmente amenazadoras para la estabilidad del Gobierno central.
Sin piedad
“Debemos ser tan crueles como ellos y no demostrar piedad alguna”, añadió el presidente chino en su discurso de Urumqui, en el marco de una “lucha contra el terrorismo, la infiltración y el separatismo”.
A la tensión nacional se añadió la ola de atentados internacionales atribuidos a la organización yihadista Estado Islámico y la retirada de tropas estadounidenses en Afganistán. Los ataques terroristas en Europa fueron consecuencia, según altos cargos del Gobierno chino, “de políticas que anteponían los derechos humanos a la seguridad”, según las notas del diario.
También esencial en esta campaña fue la figura de Chen Quanguo, máximo responsable regional del partido y, desde agosto de 2016, encargado de apremiar la construcción de estos campos y correa de transmisión de los discursos del presidente chino para “encerrar a quien haga falta”.
De nuevo según los documentos, todo afiliado local del partido que expresó sus dudas sobre esta nueva política fue “purgado”, entre ellos un responsable que decidió liberar a miles de prisioneros en estos campamentos.
