Tras la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley por el que se amplían los derechos para el colectivo de las trabajadoras del hogar, estas podrán cobrar paro y su despido tendrá que ser justificado, algo que la senadora socialista Ana Agudíez califica como “un avance histórico en materia de derechos laborales”. En concreto, serán 1.214 personas dadas de alta en la provincia de Segovia, dentro del régimen especial de empleadas del hogar, las que verán incrementados sus derechos laborales, equiparándose así en condiciones de trabajo y de Seguridad Social al resto de personas asalariadas.
“Es un avance que se inició durante el Gobierno de Zapatero y que quedó relegado al llegar Mariano Rajoy a La Moncloa, en una muestra más de que los gobiernos del PP suponen siempre un frenazo en los avances sociales”, afirma Agudíez. A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez da respuesta a una reivindicación histórica por parte de este sector y pone fin a una “grave discriminación que ha afectado durante décadas a un colectivo integrado mayoritariamente por mujeres”.
Es por ello por lo que cree que esta es una de las normas “más importantes” de la legislatura, tanto porque acaba con una “discriminación injusta” que ha sufrido un colectivo profesional mayoritariamente feminizado y con una fuerte presencia de mujeres migrantes, “con la vulnerabilidad que ello conlleva”, como porque supone “poner en valor el trabajo de los cuidados, tradicionalmente infravalorado y sin embargo esencial en la configuración de nuestra sociedad actual”, subraya.
Con la aprobación de esta nueva norma, se reconoce a más de 1.200 segovianas el derecho al desempleo; “una cuestión de justicia social que lo socialistas teníamos marcada en nuestra hoja de ruta y que ahora ya es una realidad”, sostiene la senadora socialista.
Agudíez recuerda que el compromiso con este colectivo quedó evidenciado durante la pandemia, cuando el Gobierno aprobó un subsidio extraordinario para trabajadoras del hogar, por la inexistencia de una prestación por desempleo.
A su vez, subraya que el Ejecutivo es “plenamente consciente” de que implementar esta protección por desempleo implica un incremento en el coste de la cotización que asume el empleador. “Para evitar ese sobrecoste, el Gobierno ha establecido bonificaciones en las aportaciones empresariales, además de incrementarse la posibilidad de obtener bonificaciones superiores al 20 por ciento en función de la composición del hogar y del nivel de ingresos”.
