Del siglo XIX al siglo XXI. Ese el salto que según el ministro Félix Bolaños ha dado el sistema judicial español gracias a la ley de eficiencia de la Justicia. Un salto de doscientos años puede ser exagerado, pero lo cierto es que la Ley Orgánica del Poder Judicial cumplió en 2025 cuarenta años.
Cuatro décadas en las que los juzgados se han ido ralentizando hasta conseguir que el 72% de los españoles afirme en un estudio del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la Justicia española es lenta; además, el 79% de los encuestados asegura que no cuenta con los recursos necesarios para actuar con eficacia y rapidez.
Precisamente para, entre otras cosas, acabar con dicha lentitud y falta de recursos, se redactó el año pasado la ley de eficiencia de la Justicia, que, resumiendo mucho, convierte 3.931 juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia, uno por partido judicial; lo que supone cuatro en la provincia de Segovia. Cada uno tendrá su propia oficina judicial. Por debajo de ellos, los 7.701 juzgados de paz se reconvierten para ofrecer servicios más cercanos desde los municipios. En Segovia hay 204 agrupados en 14 secretarías.
La reestructuración comenzó en julio de 2025 y se cerró el 31 de diciembre, por eso estos días, después del periodo inhábil judicialmente del 24 de diciembre al 6 de enero, han aparecido titulares en la prensa que hablan de “colapso” o “desastre” en los juzgados de toda España.
“Desde hace más de una década, el trabajo en los juzgados aumenta continuamente y los tribunales de instancia no han aumentado la plantilla”
En los juzgados segovianos, la entrada en vigor de la ley de eficiencia tampoco está siendo fácil, pero Segovia cuenta con ciertas ventajas. Tres de sus cuatro partidos judiciales son pequeños: Sepúlveda, Cuéllar y Santa María la Real de Nieva. Y el de Segovia tiene oficina judicial desde 2023. No es exactamente la misma que la ley de eficiencia define, pero el cambio será menos traumático que en ciudades donde no la había.
Ventajas, que no pócimas mágicas. El presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Jesús Martínez Puras, cree que la lentitud de la Justicia no se va a solucionar solo con la nueva ley. “El principal problema que tenemos es que, desde hace más de una década, el trabajo en los juzgados está aumentando de manera continua y la implantación de los tribunales de instancia no ha supuesto un incremento de la plantilla. En el caso de Segovia, no trae más plazas de jueces o magistrados, con lo cual, si al inconveniente que supone la adaptación a un nuevo modelo, le añadimos el que ya existe una sobrecarga, lógicamente al principio va a suponer un mayor retraso en la administración de Justicia del que ya hay”, explica.
Modelo Tradicional
Segovia estaba distribuida en cuatro partidos judiciales: Cuéllar, Santa María la Real de Nieva, Sepúlveda y Segovia. Los tres primeros eran juzgados de primera instancia e instrucción con competencias en materia civil, penal y de violencia de género.
El partido judicial de Segovia integraba varios órganos judiciales unipersonales. Seis de primera instancia e instrucción, dos de ellos especializados en mercantil y violencia sobre la mujer, dos de lo penal, dos de lo social, uno de menores y otro de lo contencioso administrativo.
Cada Juzgado tenía su plantilla compuesta por un juez, un letrado de la Administración de Justicia y un número variable de funcionarios; en el caso de Segovia, cada juzgado de primera instancia e instrucción contaba con ocho. El Decanato repartía los asuntos entre los juzgados y cada uno de ellos los resolvía de forma independiente.
En diciembre de 2023, se implantó solo en Segovia la nueva oficina judicial. Se mantenían los juzgados unipersonales pero se reduce su plantilla porque ya no tramitan los asuntos que les llegan, lo hace un servicio general común que se nutre de los funcionarios de los distintos juzgados. Además, se crean unidades procesales de apoyo directo, que son las encargadas de resolver los asuntos.
Finalmente, se crea un servicio común de ejecución, que se encarga de ejecutar las decisiones judiciales firmes de cada partido judicial.
Ley de eficiencia
Con la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia todos los jueces pasan a integrarse en el Tribunal de Instancia, un órgano colegido en el que cada uno sigue ejerciendo sus funciones y atendiendo los asuntos que recaigan en él por reparto.
Para distribuir el trabajo entre los jueces del Tribunal de Instancia, se crean secciones por materias jurisdiccionales.
Actualmente, la provincia de Segovia tiene la siguiente estructura judicial. Los tribunales de instancia de Cuéllar, Santa María la Real de Nieva y Sepúlveda tienen una sección de civil y de instrucción compatible con violencia de género atendida por un juez cada uno de ellos. El Tribunal de Instancia de Segovia tiene seis jueces en la sección de civil e instrucción, dos en la de penal, uno en la de menores, uno en la de los contencioso administrativo, dos en la de lo social.
Cada tribunal de instancia tiene un presidente que tiene más competencias que las que tenía el juez decano. Ahora coordina, supervisa, inspecciona y unifica criterios de actuación para todos los jueces bajo su tutela.
Las unidades procesales de apoyo directo son sustituidas por servicios comunes dirigidos por un letrado de la Administración de Justicia y compuestos por un número mínimo de funcionarios. En todos los tribunales de instancia hay un servicio de tramitación y pueden tener un servicio común general y un servicio común de ejecución.
“Alguien que resida en un pueblo de la provincia puede declarar por videoconferencia desde las nuevas oficinas de Justicia en el municipio”
Todo ese entramado está coordinado por instrucciones del CGPJ y del Ministerio de Justicia y por protocolos de cada oficina judicial.
Este proceso de cambio no ha supuesto un aumento de personal. Las oficinas judiciales de los tribunales de instancia están trabajando con los mismos funcionarios que había en el anterior sistema. “En los tres juzgados de la provincia, el cambio se produjo el 1 de julio de 2025. Ahora son tribunales de instancia pero no tuvo mayor repercusión porque mantienen las mismas competencias y las mismas funciones”, explica Martínez Puras.
El presidente de la Audiencia Provincial de Segovia no cree que las nuevas oficinas de Justicia en el municipio ayuden a reducir el actual retraso en la resolución de los asuntos judiciales, pero sí que lo harán más fácil para los ciudadanos. “Esas oficinas prestan labores de auxilio. Para evitar desplazamientos, alguien que resida en un municipio puede declarar por videoconferencia”.
Lo único que lo hará, en su opinión, es aumentar las plantillas. “El Ministerio de Justicia podría haber planteado incrementar el número funcionarios, letrados y creado alguna plaza de magistrado en cada partido judicial antes de poner en marcha el nuevo sistema, pero no lo hizo”. Y las consecuencia es evidente. “El retraso va a seguir en aumento”, sentencia Martínez Puras.
Optimismo ministerial
En la última Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada el 22 de diciembre, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aportó cifras sobre cómo estaba funcionando la ley de eficiencia en los territorios en los que lleva más tiempo en marcha.
Según Justicia, la ley ha reducido las notificaciones y requerimientos pendientes un 36% de media, con un 43% en Andalucía y un 34% en la Comunidad Valenciana.
También ha agilizado las ejecuciones de sentencias, con reducciones de un 30% y de hasta un 69% en el territorio andaluz, un 55% en Castilla-La Mancha y un 27% en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Además, los ciudadanos han realizado casi 114.000 trámites judiciales en las oficinas de Justicia en el municipio, desde su creación en junio de 2025.
Unas cifras que se alejan de pesimismo de Martínez Puras. El tiempo dará razones y hará justicia. Esperemos que con menos retrasos.
