«Se aplica el derecho a quien no aplicó el derecho a los demás». Con esta frase del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, se resume perfectamente el sentir de los españoles tras la polémica -y esperada- decisión de poner en libertad a Josu Uribetxeberria Bolinaga, el hombre que fue capaz de tener encerrado a otro durante 532 días
-y que intentó dejarle morir de hambre, acción que empleó para alentar a una fortalecida ETA-, y que le pegó 10 tiros por la espalda a un chico de uniforme y a otros dos compañeros de la Guardia Civil. Bien es cierto lo que el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, antigua diana de los asesinos, señaló ayer ante las destrozadas víctimas: «Aunque duela a veces hay que aplicar la ley».
El magistrado recibió, a lo largo de la mañana, a cuatro miembros de la AVT, encabezados por una «sorprendida» Ángeles Pedraza, que confesó que, durante la noche anterior, recibió cientos de llamadas de personas que se ofrecían a llevar a cabo una huelga de hambre. Entre ellas figuraban dos que tuvieron que ser ingresadas en el hospital: la viuda de un agente sufrió una taquicardia y un policía herido tuvo un ataque de ansiedad. Al final les disuadió a todos y les prometió hablar con el juez, que estuvo departiendo con el grupo unos minutos.
‘Vidas rotas’
Durante ese tiempo le entregaron cuatro libros de Vidas rotas con sendas cartas -a él y sus tres compañeros que dieron la libertad al asesino- para que «sepan lo que es la humanidad».
El juez le pidió a la representación de las víctimas que espere a leer el auto que argumenta la decisión, ya que comprenderá «algunas cosas», sobre todo en lo que se refiere a la ley, un término que da mucho juego.
Se podría recurrir al aforismo jurídico Summum Ius, summa iniuria; la aplicación estricta, rígida y escrupulosa de la norma puede derivar en la mayor de las injusticias. También a una frase chulesca de Bol -así le descubrió la Benemérita en unos papeles incautados a ETA durante el secuestro de Ortega Lara- al juez Castro cuando, incomprensiblemente -y rayando la prevaricación_, el pasado 28 de agosto le dijo en el Hospital Donostia de San Sebastián: «Aplique su ley».
Durante esa polémica estancia, el togado se llevó consigo un informe lleno de defectos de forma -no lo firmaba ningún galeno- donde se decía que el asesino que nunca se arrepentirá de sus crímenes padecía un cáncer terminal. Días después, la forense de la Fiscalía declaró justo lo contrario y tuvo que ser hasta la última hora del pasado martes, en el último minuto -los magistrados debían de decidir al día siguiente-, cuando le entregaron un documento que tampoco le convenció, máxime cuando los propios servicios médicos del centro sanitario apreciaban «cierta mejoría». De hecho, se le vio buen aspecto en el vídeo emitido ayer en el que da las gracias «a Euskal Herria».
Lejos de allí, unos 30 delegados del poderoso sindicato abertzale LAB, de la federación de Sanidad, se concentraron, bajo el lema Josu y los otros 13 a la calle, frente al Hospital Donostia. Querían un mártir y ahora tienen un héroe.
