La consejera de Familia, Milagros Marcos, señaló tras el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que el Gobierno «atiende por primera vez una demanda histórica de Castilla y León», como es «aportar más dinero a los servicios profesionales» de atención. Una medida que, a su juicio, no sólo facilita cuidados profesionales, sino que también permite generar empleo.
En la reunión presidida por la ministra Ana Mato se debatieron los criterios para distribuir las subvenciones del nivel mínimo de la dependencia de los Presupuestos del Estado, que ascienden a 1.405 millones. La ministra trasladó a los consejeros la necesidad de potenciar los cuidados profesionales sobre los familiares, tal y como recoge la reforma de la ley aprobada en julio, que persigue también atajar el gran número de altas en la Seguridad Social generado por los cuidadores familiares.
Marcos subrayó que fue un Consejo importante ya que, «por primera vez, se atiende una demanda histórica de Castilla y León, que es aportar más a aquellas prestaciones que suponen un mayor esfuerzo presupuestario para las comunidades», como son los servicios profesionales. La consejera destacó que potenciar estos cuidados sobre los familiares es una medida fundamental y una apuesta decidida de la Junta porque permite ofrecer una atención de calidad pero también potencia la generación de empleo. En su opinión, el Ministerio se ha hecho eco de la petición de la Comunidad de «implementar la cuantía de los cuidados profesionales», aunque reconoció que «es cierto que la financiación sigue siendo insuficiente».
La consejera añadió que la Junta continuará reclamando ese 50% que plantea la ley que debe aportar la Administración central, pero consideró que «en estos momentos de crisis quizá tampoco sea la demanda más adecuada». Además, añadió que «el consenso ahora mismo es complicado».
El Ministerio también planteó elevar las exigencias de transparencia del Sistema de Dependencia. Sobre este punto, Marcos apuntó que se debe analizar con más calma la propuesta de Mato, ya que ninguna nueva medida debe hacer peligrar la agilidad de la Junta a la hora de resolver los expedientes. En cualquier caso, subrayó que «todos estamos implicados en mejorar la transparencia» pero que «los indicadores que aparecen en la web de la Junta sobre Dependencia son muchos más de los que aparecen en las páginas generales».
Marcos apuntó que simplemente es necesario apuntar una alerta de cara a que cualquier medida pueda ralentizar la gestión y apostó por compatibilizar transparencia y agilidad. Según dijo, es necesario «abordar con más calma las aportaciones de información» porque «lo importante es ser ágil en la concesión de prestaciones, a la vez que ir mejorando en el sistema de información». Así, acogió positivamente la decisión del Ministerio de retirar ese apartado del Decreto para crear un grupo de trabajo que analice con más tiempo las medidas a adoptar.
En la Sectorial también se analizó la propuesta de crear un catálogo común de prestaciones mínimo, algo que también demanda la Junta para garantizar la igualdad entre comunidades. Marcos valoró positivamente el hecho de que se empiece a hablar de medidas comunes en materia de inclusión social, un tema importante que afecta a la necesidad de la familias. «La atención a la exclusión social es uno de los grandes retos de las administraciones y Castilla y León ha dado pasos muy positivos en este sentido», añadió la titular de Familia, quien puso como ejemplo el programa integral de atención a las personas en riesgo de desahucio, puesto en marcha en noviembre, que ahora mismo atiende a 400 hogares. Así, la consejera ofreció al Ministerio esta experiencia regional como ejemplo a la hora de elaborar el futuro Plan de Acción para la Inclusión Social 2013-16.
