El magistrado Manuel Marchena, candidato pactado por el Gobierno y el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), anunció ayer que renuncia a presidir el órgano de gobierno de los jueces. Marchena defiende su independencia y se desliga del acuerdo político entre PSOE Y PP.
“Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”, recalca el magistrado en el comunicado.
Marchena se desmarca del pacto político para la renovación del Consejo y defiende que su “independencia” ha caracterizado su carrera judicial. Asegura que sus desempeño como magistrado del Tribunal Supremo es “la mejor muestra” de que “jamás” ha aplicado el derecho siguiendo opciones políticas.
“Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional”, resume.
‘Conchabeo y puntilla’
La renuncia de Marchena no ha sorprendido a sus compañeros del Alto Tribunal ni tampoco en el citado órgano de los jueces, donde coinciden en señalar que la imagen de “conchabeo” político y la puesta en cuestión de la independencia de un jurista de su categoría hacían “inasumible” que accediera finalmente al cargo.
La gran parte de los consultados aluden a los mensajes de whatsapp que se filtraron del portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, apuntando a que la elección de Marchena permitiría a los populares controlar a la Sala de lo Penal de este órgano “desde detrás”, como la gota que ha colmado el vaso.
Así, achacan la decisión de Marchena a un “hartazgo personal” ante críticas injustas y lamentan que se pierda un buen presidente del Consejo, dado su carácter dialogante y su calidad como jurista.
Algunos de sus compañeros de la Sala de lo Penal señalan además que el “mal hacer” de la clase política termina siempre minando la credibilidad de una judicatura “que diariamente demuestra que opera con independencia en la resolución de sus casos”.
Para otros, el problema venía arrastrándose desde el principio, ya que el hecho de que el pacto incluyera a Marchena de presidente se filtró “demasiado pronto”.
Recuerdan estas fuentes que el acuerdo entre los partidos es inconstitucional, porque el nombramiento corresponde a los consejeros, y aunque siempre se ha hecho algo parecido nunca “de una manera tan descarada y oficial”.
Las circunstancias de esta renovación podrían llevar además, según estos magistrados, a que pudiera prosperar la demanda contra el nombramiento de Marchena.
