En la sexta videoconferencia con los presidentes autonómicos, Alfonso Fernández Mañueco pidió al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, conocer cuál es el informe de los técnicos, con las recomendaciones que hacen los expertos sobre cómo y cuándo deben salir las niñas y niños de casa, algo que no se ha explicado en este encuentro sino que ha quedado pendiente para la reunión de la comisión de expertos que se celebrará próximamente. Asimismo, volvió a reclamar la necesidad de garantizar el material de protección para los trabajadores y la realización de test.
En cuanto al proceso de desescalada, el presidente afirmó que tiene que tener unos criterios claros y concretos, aunque señaló que “ni todo el mundo tiene que hacer lo mismo, ni cada comunidad autónoma lo que le dé la gana”. En este sentido, explicó que Castilla y León planteó una serie de criterios, que pueden ampliarse por parte de la comisión de expertos que tienen que trabajar en los próximos días, pero que en cualquier caso debe haber un documento único para toda España, con criterios objetivos para todos. Para poner en marcha este proceso también es necesario que exista un sistema de trazabilidad único, con aplicaciones informáticas únicas para el conjunto del país.
En el ámbito económico, Fernández Mañueco planteó la necesidad de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano donde se deben abordar cuestiones de financiación fundamentales para las administraciones públicas, como son las Comunidades Autónomas. En este sentido, el presidente insistió en la necesidad de que el Gobierno establezca fondos adicionales no reembolsables destinados a financiar el gasto extraordinario que están teniendo las comunidades autónomas para hacer frente al aumento de los costes sanitarios, de servicios sociales y de las políticas activas de empleo a causa de actual situación. En este punto, el presidente aseguró que la Junta está en disposición de justificar hasta el último euro que se ha gastado a causa de esta pandemia, y criticó que se trate de vender como fondos extraordinarios los anticipos a cuenta que reciben todas las comunidades autónomas y que en realidad no son fondos adicionales para hacer frente a la situación provocada por el Covid-19.
Asimismo, el presidente de la Junta volvió a reivindicar al Gobierno que aplace los impuestos estatales y las cuotas de la seguridad social, del mismo modo en el que lo está haciendo Castilla y León en su territorio. También en materia económica, el presidente volvió a reclamar que llegue a las autonomías la mayor parte de las medidas económicas de la Unión Europea, ya que son éstas las administraciones que tienen las principales competencias y por lo tanto están asumiendo un mayor gasto. Por último, reclamó un nuevo escenario de estabilidad presupuestaria, incluyendo déficit y deuda, acorde a la nueva situación.
Ingreso mínimo y Renta Garantizada
Respecto al ingreso mínimo anunciado por el Gobierno, el presidente de la Junta exigió que sea una prestación igual para todos, que debe ser gestionada y financiada por el Estado y vinculada al empleo. Así pues, recordó que la Junta tiene a disposición de las familias más vulnerables la Renta Garantizada de Ciudadanía desde hace ya una década y que actualmente beneficia a 9.300 familias y 21.700 personas.
Educación
En el ámbito educativo, el presidente de la Junta insistió en la necesidad de buscar un acuerdo y reivindicó la necesidad de tener un criterio claro y uniforme respecto a cómo se puede promocionar de curso y obtener las titulaciones oficiales en todo el territorio. Para ello deben tenerse en cuenta los criterios de los profesores, pero también las circunstancias que están viviendo las alumnas y alumnos. También avanzó que la Junta está trabajando en un plan de refuerzo destinado a mejorar los conocimientos de los alumnos de cara al próximo curso.
Transparencia y trazabilidad
Por último, y en relación a la demanda por parte de toda la sociedad de una mayor claridad a la hora de facilitar la información relativa al número de contagiados y fallecidos por el Covid-19, el presidente de la Junta valoró como muy acertada la decisión que adoptó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Castilla y León para revisar los registros civiles con el objetivo de conocer con la máxima transparencia donde se ha fallecido y cuáles han sido las circunstancias de cada fallecimiento.
Fernández Mañueco recordó que el registro único respecto a este asunto corresponde al Ministerio de Justicia por lo que la Junta se va a dirigir por carta al ministro para reclamar datos uniformes en esta materia. “El Gobierno de España es el que maneja esa información, es el que la tiene a su disposición, y no puede haber diecisiete criterios distintos, uno por cada comunidad”, afirmó el presidente, quien pidió al Gobierno de España un mayor esfuerzo de veracidad y transparencia. De hecho, según explicó el presidente, la Junta de Castilla y León está enviando una información adicional suplementaria muy superior de la que se le está reclamando por parte del Gobierno de España.
